Finalmente se hizo público. Las trabajadoras y los trabajdores del sector público nacional que cobren salarios mayores a 80.000 pesos cobrarán el medio aguinaldo en tres cuotas, a pesar que las especulaciones mediáticas señalaban que serían hasta cinco cuotas.
De acuerdo al decreto 547/2020 de necesidad y urgencia, publicado hoy en el Boletín Oficial, la primera cuota será «dentro del plazo legal previsto», es decir, antes del 30 de junio, mientras que las otras serán en los meses subsiguientes, julio y agosto.
El primer pago será de hasta 40.000 pesos. Mientras que los otros no podrán ser menores a 1.000 pesos. De esta manera, los empleados con salarios hasta 80.000 pesos cobrarán enteramente en junio. Mientras que otros lo harán en tres cuotas.
En tanto, la voz de los gremios no se hizo esperar. La Central de Trabajadores Argentinos (CTA) que conduce Hugo Yasky señaló: “La conocida decisión gubernamental de fraccionar el pago del aguinaldo a las trabajadoras y trabajadores del sector público, conforme a una más que discutible categorización de sus ingresos, es un avance inadmisible sobre un derecho histórico de quienes viven de su trabajo y no del ajeno”.
En ese sentido, el comuniado de la central destaca el severo daño sobre el poder adquisitivo del salario de los trabajadores que ésto genera y agrava las condiciones salariales ya deterioradas durante el Gobierno de Mauricio Macri.
Y agrega, “asimismo, la determinación oficial, en lugar de contribuir a que dicho poder adquisitivo intervenga positivamente en la reactivación económica mediante la dinamización del circuito del consumo, contrae a éste y profundiza la recesión que hoy sufrimos.”
Tal y como hemos señalado en éste sitio en forma reiterada, el faro encendido por el sector público genera un pésimo testimonio para el sector empresario, fundamentalmente aquél, que conduce los grupos económicos que operan en el país.
Sin ir mas lejos, Funes de Rioja, incluso en representación de los gigantes de la alimentación que no han sufrido menoscabo económico alguno, han reclamado que el Estado Nacional se haga cargo del aguinaldo del sector privado, y amenazó con no pagarlo en caso de no recibir auxilio.
Es lógico esperar que ésta decisión termine repercutiendo en el sector empresario, siempre tan acostumbrado a hacer pesar las ganacias como pérdidas y las pérdidas como castigo al ingreso de los trabajadores.
En ese sentido, la CTA fue clara y explícita “siendo todo ello grave de por sí, lo es aún más cuando dicha decisión supone una señal directa para que las patronales del sector privado hagan lo propio, aún cuando la Ley de Contrato de Trabajo lo impida explícitamente.”
Se aguado una respuesta que las organizaciones gremiales le dirigieron al Ministro de Trabajo para obtener una reunión en la que destrabar el conflicto venidero.