La Comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta escuchó las opiniones de jueces y fiscales respecto de la iniciativa que busca penalizar a las empresas por delitos de corrupción, impulsada por el Gobierno y aprobada con cambios por la Cámara de Diputados.Durante la reunión que se desarrolla en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo, Pichetto criticó varios puntos del texto enviado por Diputados y anticipó que le harán cambios para lograr «algo serio y coherente, que sirva para investigar» y devolverlo a la Cámara baja.

En primer lugar, el presidente del bloque mayoritario del Senado calificó como un «mamarracho» la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, al tiempo que advirtió que es «totalmente imprudente en términos de institucionalidad».»Si la necesidad es lograr resultados más rápido, con esto estamos consolidando procesos de 20 o 30 años», agregó el senador nacional por Río Negro.

También advirtió que el proyecto «abre una ventana peligrosa, que es instalar el principio de responsabilidad objetiva», en referencia al punto que establece que aunque no se pueda identificar a las personas físicas que cometieron el delito, igualmente se sanciona a la empresa.

Además indicó que la pena de la multa, una de las contempladas en el proyecto, «es una medida administrativa» y debe ser incorporada a una norma de ese tipo y no a una del derecho penal y concluyó: «No vamos a convalidar esos puntos».

Junto al senador del mismo bloque Rodolfo Urtubey, Pichetto sostuvo que la ley que finalmente se apruebe debe permitir la investigación y condena por delitos de corrupción sobre personas físicas pero sin dañar a la persona jurídica.

Por esa razón se expresaron a favor del punto del proyecto que alienta a las empresas a crear un Programa de Integridad como mecanismo de prevención de esos delitos, el cual funcionaría como atenuante de la pena.

«Si han cumplido con un programa, está bien que le demos salida por tener la motivación de hacer las cosas bien», señaló Pichetto quien opinó que «una ley que inquiete a los futuros inversores» podría afectar el mercado laboral.

Urtubey, en tanto, indicó que «el Programa de Integridad no está generando la impunidad del hecho» porque «el proceso va a continuar» y agregó: «Este proceso puede generar una condena penal a la persona física que cometió el hecho, pero no implicar una pena como la multa a la persona jurídica que votó debidamente un Programa de Integridad».

Entre los expositores de la jornada se encuentra el fiscal Ricardo Sáenz, quien criticó el cambio que propiciaron los diputados del Frente Renovador al proyecto para que una persona jurídica pueda ser alcanzada por todos los delitos del código penal. Al respecto, señaló que deben contemplarse en el proyecto solo los de «cohecho, soborno internacional, malversación de caudales públicos, peculado, exacciones ilegales, defraudación a la administración pública y negociaciones incompatibles».

Sáenz también se refirió a los acuerdos de colaboración entre el Estado y las empresas para ofrecer información que permita esclarecer los delitos y sostuvo que «es positivo» pero puso reparos sobre el llamado «claúsula Odebrecht», que el oficialismo quiere volver a incluir tras haber sido eliminado por Diputados. Ese artículo establecía que una empresa puede celebrar un acuerdo de colaboración directamente con la Procuración del Tesoro, cuerpo de abogados que depende del Poder Ejecutivo, y para Saénz eso «es discutible».

Al igual que los senadores, criticó la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y la elevación de las penas mínimas a 4 años, dado que estas no son excarcelables: «Tanto la imprescriptibilidad como la no excarcelación van a generar debate», advirtió. De la reunión participaron también los jueces Juan Carlos Geminiani, Carlos Mahiques y Gustavo Hornos, entre otros.