El Mensajero Diario

Macri se copia de Europa

¿Bares y baños en los parques porteños?

El Gobierno porteño planea concesionar “módulos” de servicios y expendio de comidas y bebidas, con baños incluidos, en los parques de la Ciudad. La iniciativa debe pasar por la Legislatura en donde se dará el debate.

 

Cada vez que puede, el Jefe de Gobierno porteño, levanta la bandera de  la planificación urbana. Con motivo de su visita a Singapur, en el World Cities Summit 2012, un encuentro mundial que convoca a los alcaldes de más de un centenar de ciudades para debatir sobre planificación urbana, Macri  señaló que “hay que hacer los espacios públicos más sociables” y, en ese sentido, dijo que ”los cambios en la Ciudad de Buenos Aires han sido notables”. 

En sus proyectos, el  macrismo apuesta a concesionar áreas de descanso, esparcimiento y servicios en los espacios verdes de la Ciudad; es decir, en plazas y parques. 

El primer intento, sin éxito , fue en 2008 y estuvo a cargo del entonces ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo.

Pero debido a las críticas a lo que se vio como una avanzada privatizadora del espacio público, los diputados porteños no llegaron a  la discusión del proyecto.

Un segundo intento estuvo a cargo de Cristian Ritondo, en 2011, cuando era presidente del bloque macrista en la Legislatura.

Con algunos cambios y más precisiones en la redacción con respecto al plan original, buscaba habilitar sólo los espacios verdes más grandes. El primer proyecto, en cambio, permitía realizar concesiones en todas las plazas. 

La propuesta impulsada por Ritondo imponía núcleos de servicios de 20 metros cuadrados de máximo, con baños públicos; además listaba 98 plazas y parques –incluido el Parque 3 de Febrero– en los cuales se permitiría la instalación de estos módulos.

Tampoco esta vez el  debate tampoco avanzó en la Legislatura. Ahora, el legislador José Luis Acevedo retomó la iniciativa y presentó un proyecto que parece haber tomado nota de las críticas que los anteriores generaron tanto en la oposición como en asociaciones de vecinos. Por ejemplo, se eliminó de la lista a las Áreas de Protección Histórica.

Estas áreas estarán integradas por un sector de sanitarios (30 metros cuadrados) accesibles de uso público y gratuito; una estación de vida saludable (acorde a la normativa ya vigente); un sector de expendio de alimentos y bebidas (entre 20 y 30 metros cuadrados, dependiendo del tamaño del espacio verde), servicio de estacionamiento de bicicletas, reposeras y conexión gratuita a internet.

La autoridad de aplicación que estará a cargo de las licitaciones será el ministro de Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Económico. El costo de construcción inicial de cada uno de los “módulos multipropósitos” ronda entre los 50 y 70 mil dólares, y el 20 por ciento de los permisos de uso a otorgar tienen que ser destinados a ONG que tengan más de dos años de reconocimiento de la IGJ y domicilio en la Ciudad. 

Si el proyecto pasa el filtro de las comisiones de Presupuesto y Espacio Público, podría llegar al recinto antes de fin de año.

“Es un marco regulatorio para el otorgamiento de permisos de uso en espacios públicos cuya superficie sea mayor a cinco mil metros cuadrados. Es algo que se hace en otros lugares del mundo; la articulación entre lo público y lo privado. Queremos cambiar el paradigma del disfrute del espacio público, pasar de lo paisajístico al uso concreto. Será un antes y un después en la vida de los porteños. El espacio público es el lugar donde se juntan todas las clases sociales, y el Estado debe garantizar los servicios, aclara el legislador.

Sin embargo  parece no tener en cuenta que  las comunas tienen  potestad, por las competencias exclusivas, sobre los espacios verdes de cada una.

Entre otros, los parques Indoamericano, Saavedra, Las Heras y Chacabuco, estarían en la mira del Pro para implementar este proyecto, que permite la construcción de hasta cinco módulos en los predios con más de 20 mil metros cuadrados. Se relevaron más de mil espacios, aunque desde el macrismo señalan que la lista definitiva no llegaría a 70 lugares. 

Pero no todos están de acuerdo con la iniciativa. Para la legisladora Delia Bisutti, de Nuevo Encuentro, el proyecto “representa una política que cree que el Estado está al servicio de lo privado”.

La diputada porteña subraya que “el objetivo de la iniciativa es avanzar con permisos de usos o concesiones que no van a pasar por la Legislatura, porque serán menores a cinco años. Y se estipula que con la primera concesión no van a pagar canon. Así le estás dando el espacio público gratis y toda la ganancia la embolsa el privado. Recién en la segunda concesión se cobra canon, y en la tercera comienza a funcionar el fondo del Estado”.

Es que el proyecto dispone que el canon de la primera concesión o permiso de uso podrá ser saldado en especies, es decir, con la construcción inicial de cada módulo; en tanto que los pagos posteriores a la primera concesión serán destinados a un fondo específico para el mantenimiento de los espacios verdes de la Ciudad, que se financiará a través de depósitos de los particulares en el Banco Ciudad.

Por su  parte , para Francisco “Tito” Nenna, legislador del Frente para la Victoria, “el proyecto, en términos ambientales, solo agrega superficie impermeable o resta suelo absorbente. La fragmentación del espacio público es inadmisible en una ciudad consolidada, con actividades diversas en torno a los parques y plazas de la Ciudad (que podemos verificar con facilidad) y donde la mayor carencia es la de espacios públicos verdes donde pueda desarrollarse y valorarse la biodiversidad y un paisaje integrado entre el desarrollo inmobiliario y los rasgos naturales posibles”.

Nenna agregó que “lugares de gastronomía –cafés, restaurantes, kioscos, etcétera– son habituales en los entornos de los espacios verdes. Lo que no es habitual en los espacios verdes es la existencia de sanitarios. Pero está claro que podrían funcionar bien de dos formas: con baños químicos los fines de semana y en feriados o con un reconocimiento de uso de sanitarios a los bares y restaurantes frentistas como ‘servicio público’ por el beneficio de estar frente a una actividad atractiva mantenida por la comuna (beneficio con cargo)”.

En cuanto a expendio de alimentos y bebidas, el proyecto solo permite la venta de emparedados, golosinas, productos de confitería u otros alimentos, envasados en origen, que cumplan las reglamentaciones vigentes; venta de bebidas sin alcohol y agua, elaboración y venta de infusiones. Además, solo se admitirá el calentamiento mediante horno a microondas o eléctrico.

Entre las bondades que los promotores de la iniciativa  ven en la misma, figura el tema de la seguridad.

Acevedo entiende que “va a estar dada, en primer lugar, por la afluencia de gente a usar estos espacios y disfrutarlos. La presencia de los vecinos, haciendo uso de las instalaciones, permaneciendo allí, es el primer paso para que estos lugares se vuelvan más seguros. No es lo mismo sentarse a revisar la notebook en una plaza desierta, donde es más sencillo que nos la arrebaten, que en una donde estamos rodeados de gente. El adjudicatario, además, estará obligado a instalar cámaras de seguridad, cuyo monitoreo, al igual que la iluminación que requerirá el espacio, se determinará por vía reglamentaria. Dado que el proyecto es amplio y abarca toda la Ciudad, con múltiples espacios, la presencia policial en el lugar será determinada por el ministerio correspondiente”.

“Mi idea de espacio verde es que sea verde, que esté disponible para la recreación de la gente, sí que esté garantizado el baño gratuito, pero no con mesitas, sillitas, duchas; me parece descabellado. Las copias de las experiencias que tienen lugar en Europa muchas veces no funcionan.”

 En esta oportunidad, el Pro apuesta al diálogo y al respaldo que le da la existencia de proyectos similares en el resto del mundo y también en la Argentina (por ejemplo en Rosario y Vicente López) para intentar llegar a su aprobación.

Entre los argumentos del proyecto se hace hincapié, además, en la intervención de las juntas comunales. En el caso de las superficies menores a 20 mil metros cuadrados (y mayores a cinco mil), la comuna deberá elaborar un informe vinculante que determinará si se establece o no el área de descanso, esparcimiento y servicios en ese lugar. Es decir, que la junta comunal, vía este informe vinculante, tiene poder de decisión. 

 

Fuente: Noticias Urbanas

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