En la sentencia, la jueza criticó la falta de acción de los legisladores con respecto a este tema: «Habiendo transcurrido ya casi veintisiete años desde el retorno de la democracia a nuestro país, y casi doce años desde la entrada en vigencia de la prohibición contenida en el Art. 5º de la Ley Nº 83, no se ha desplegado aún una actividad legislativa suficiente a fin de que la nomenclatura urbana resulte acorde a derecho, en consonancia con los principios democráticos que sustentan nuestras instituciones republicanas».

La jueza accedió al pedido, basándose en la ley 83 de la Ciudad, que en su artículo 5º dispone que «en ningún caso deberán designarse calles o lugares públicos (…) con nombres de autoridades nacionales, provinciales o municipales que hayan ejercido su función por actos de fuerza contra el orden constitucional y el sistema democrático».

Además en el fallo se consigna que «De la reseña normativa efectuada, se desprende que la subsistencia de nomenclatura urbana alusiva a ex funcionarios de gobiernos de facto no sólo resulta contraria a los principios de nuestro ordenamiento jurídico, relativos a la defensa del orden constitucional y a la promoción de los valores democráticos, sino que además infringe una prohibición expresa contenida en ese sentido en el Art. 5º de la Ley Nº 83″.

Además expresó que «No cabe duda de que la subsistencia de nomenclatura urbana alusiva a ex funcionarios de gobiernos de facto resulta claramente contraria al derecho vigente, y que, por ende, las ordenanzas que dispusieron tales nombres a los espacios públicos resultan inconstitucionales».