Por medio de un decreto, publicado hoy en el Boletín Oficial, el Gobierno de Mauricio Macri autorizó al Ministerio de Energía a privatizar centrales eléctricas y creó una nueva sociedad anónima que reemplaza a Energía Argentina S.A. (Enarsa) con el objetivo de disminuir el peso del Estado.
En su artículo 8º, la norma instruye al Ministerio de Energía —encabezado por Juan José Aranguren— a «impulsar las medidas necesarias para proceder a la venta, cesión u otro mecanismo de transferencia» de distintas centrales que tiene a su cargo.
«El sistema eléctrico nacional requiere que se continúen adoptando las medidas que permitan asegurar el adecuado suministro eléctrico a toda la población del país, para lo cual resulta conveniente propiciar la participación de terceros capaces de asumir actividades de generación y transporte en los proyectos energéticos, mientras el Estado Nacional asigna sus recursos a aquellas que hacen al cumplimiento del cometido público estatal», argumentaron en el decreto, que lleva el número 882/2017.
Con esa meta, se ordena la fusión entre la empresa Enarsa y Emprendimientos Energéticos Binacionales (EBISA), las cuales darán origen a la sociedad anónima Integración Energética Argentina. De esta manera, todos los emprendimientos energéticos estatales quedarán fusionados en una sola empresa.
Entre las centrales de las que buscará desprenderse el Gobierno, se encuentran las termoeléctricas Manuel Belgrano (Campana, Buenos AIres), José de San Martín (Santa Fe), Vuelta de Obligado (Santa Fe) y Guillermo Brown (Cerri, Buenos Aires).
También podrá vender las participaciones accionarias que el Estado nacional tiene en las centrales Dique S.A, Güemes S.A, Puerto S.A, Patagónicas S.A; la empresa de Transporte de Energía Eléctrica por distribución troncal de la Patagonia S.A (Transpa) y la compañía que produce polvo de dióxido de uranio Dioxitek S.A.
Otros de los activos señalados para pasar a manos privadas son la central eléctrica Brigadier López y la caleta Ensenada de Barragán, aunque en estos dos casos, la venta de la parte estatal a empresas privadas buscará la garantía de que alguien le compre la energía.
A través de estas privatizaciones, el Gobierno espera obtener USD 1000 millones para el Tesoro, que serán destinados, según explicaron, a las obras que Enarsa o el Ministerio de Energía tengan en construcción.
Fuente: El País Digital
