A continuación el informe completo:
“El impacto de los despidos en reparticiones gubernamentales, la detención y amedrentamiento a los líderes sociales y sindicales, el deterioro de los salarios por la devaluación cambiaria, la suba de los alimentos, insumos y servicios, el retroceso en la democratización de la comunicación con los cambios decretados a la ley de servicios de comunicación audiovisual y el accionar de grupos monopólicos que se ven favorecidos, el re endeudamiento proclamado a partir del pago a los fondos buitre, por solo mencionar algunas medidas, empeoran las condiciones de vida de los sectores mayoritarios. Estas políticas afectan directamente los derechos sociales, económicos y culturales y desprecian el esfuerzo económico, la paciencia y la capacidad innovadora que tuvo el pueblo para la superación de la crisis del 2001/2002.
Hasta el 10 de diciembre último, pudimos constatar el posicionamiento del Estado Nacional en procura de la ampliación de derechos, objetivo que guío las distintas políticas públicas llevadas a cabo. Esto funcionó como una lógica de cohesión y protección para los grupos más vulnerados. En este sentido, los procesos de lucha y organización sectoriales tuvieron su correlato en nuevas leyes y programas gubernamentales. Generalmente el Estado fue permeable y respondió a la demanda colectiva de las necesidades.
Pudieron articularse distintos actores políticos en redes sociales, frentes sindicales, sectores productivos y profesionales que interpelaron al propio Estado que asumió un rol no neutral en relación a los sectores hegemónicos. Los derechos humanos tuvieron un Estado que intentó garantizarlos y procuró su promoción a través de diversos programas ministeriales.
La asunción de Cambiemos al poder, con su impronta neoliberal, ha determinado la modificación de los patrones de consumo y reparto como motor del desarrollo. En estos 100 días ya se observan como prioridad a las acciones financieras con capitales transnacionales que reportan ganancias a las corporaciones y han redundado en la pérdida de derechos laborales de un sector importante de la población.
La intervención de la policía ejerce una violencia y acoso público sobre las personas, transmite un patrón discriminatorio que acentúa la segmentación y la inseguridad social. La represión directa está dirigida a entidades culturales, dirigentes sociales, jóvenes, trabajadores, inmigrantes. Las razzias y los cacheos a discreción han vuelto a ser moneda corriente. La “portación de cara” se ha reinstalado como medida de lucha contra el delito. Lejos de perseguir o disminuir la criminalidad instala la vivencia de un enemigo interior; distrae la mirada de los focos de peligro real. Con una lógica punitivista se insiste en patrones racistas de persecución penal que, por lo demás, ya fracasaron una y otra vez.
Fueron tan defensores de las instituciones en sus discursos de campaña, como arbitrarios ahora en la selección de los derechos a vulnerar dentro de los reconocidos por los artículos 14 y 14 bis de la Constitución Nacional. Los primeros 100 días de gobierno indican que se puede proclamar la República y hasta gozar de prestigio entre los sectores urbanos de la población, influenciados por la prensa dominante, pero al mismo tiempo quebrantar los derechos esenciales de la mayoría de la población mientras regresan los altares a la Seguridad Jurídica.
Una vez más en nuestra historia, se verifica que la derecha conservadora es contundente y los efectos de sus políticas conllevan consecuencias estructurales. La experiencia nos indica que en un país donde empeoran las condiciones materiales de vida, la garantía de derechos no es posible. La vigencia de los derechos se ve afectada si se detiene el desarrollo.
En este sentido, los derechos se constituyen a partir de una práctica, parten de la manifestación de las necesidades en un espacio cultural, expresan el interés colectivo según la identidad asida al tejido social. Cuando las personas sostienen una lucha para mejorar o restituir sus derechos, se condiciona inevitablemente su relación con el Estado.
En el presente, recibimos denuncias sobre la libertad de expresión, el incumplimiento de los servicios públicos y la cobertura de salud provenientes de diversas personas y espacios. Sin pretender hacer un diagnóstico, observamos que el impacto de las actuales políticas abarca grupos de diferente inserción social que refieren problemas que empeoran su calidad de vida. Esto indica una percepción social que ratifica el retroceso en la vigencia de los derechos humanos.
Nuestra militancia en la presentación de informes que toman como marco la Constitución de la CABA y las acciones conjuntas con variados sectores nos han vinculado con problemas concretos de las personas más vulnerables de nuestra ciudad. Algunos solo pudieron ser resueltos a través de la herramienta judicial. Otros, a partir de la articulación con esas organizaciones reclamando el reestablecimiento de la senda del Derecho. Hemos podido comprobar que los Derechos Humanos son lucha. Constante, persistente y paciente. Ese es el camino que seguiremos surcando.”
