A principios de año se creó en la Legislatura, la Comisión Especial de Organismo de Control, presida por el legislador Martín Hourest, que se encarga de estudiar el trabajo que realizan la Defensoría del Pueblo, la Auditoría porteña y el Ente Regulador de Servicios, como así también, las respuestas que el Ejecutivo da a sus informes.

A partir de un informe de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad sobre el desempeño del programa «Ciudadanía porteña. Con todo derecho», que garantiza el derecho a la alimentación, la comisión señala que hubo «prácticas restrictivas y procedimientos anómalos. Entre ellos, se destaca el mecanismo irregular por el cual se efectúan bajas de beneficiarios sin notificación previa, ni motivación fundada, violentando los recaudos previstos por la propia ley de creación del programa».

Por tal situación, la Comisión emitió un pedido de informes al Ejecutivo para que se exprese sobre estos inconvenientes, como también si la ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal, dispuso todos los medios necesarios para el correcto funcionamiento del Programa.

Con respecto a una contratación que firmó el Gobierno con la empresa española META 4 para la provisión del software «PeopleNet», utilizado para la liquidación de haberes de empleados estatales, la Comisión de Control solicitó a la Auditoria de la Ciudad la realización de un informe sobre este contrato ya que la ciudad poseía un método para realizar este trabajo y consideran que el mismo adolece de fallas. También, pide que se investigue «si es cierto que Ricardo Spartano (director General de Operaciones y Tecnología de la Subsecretaría de Recursos humanos del Ministerio de Hacienda de la Ciudad) se desempeñó como Director de Servicios para Latinoamérica de la empresa Meta 4, hoy a cargo de la liquidación de sueldos de la Ciudad».

Otro proyecto de la Comisión Especial está relacionado con la contratación de proveedores que realiza el Gobierno porteño. Un decreto de 2001 establecía «la obligación para el contribuyente que quisiera contratar o participar de una licitación con el GCBA por un importe superior a $ 30.000 presentar un certificado fiscal emitido por la Dirección General de Rentas, que acreditaba que no tenía deudas líquidas y exigibles en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos».Sin embargo este requisito fue eliminado en marzo de 2009 por la administración de Macri, por eso, se pedirá que «las personas físicas o jurídicas que se encuentren inscriptas en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores acrediten no ser deudores por ningún concepto, con la presentación del certificado.

Por otra iniciativa proponen la creación de un «Registro Informatizado» para difundir de manera gratuita en la página web del Gobierno todas las contrataciones que realice y que superen el millón de pesos.

Dado que esta Comisión de Organismo de Control no puede emitir proyectos, los resultados obtenidos por su tarea serán elevados a las comisiones correspondientes de la Legislatura para que una vez consensuados se puedan tratar en el recinto.

El objetivo sería controlar la administración del Ejecutivo y cambiar desde la legislatura procedimientos pocos claros o incorrectos.