María Julia Alsogaray, figura emblemática de la opulencia oligarquica en la Argentina, falleció en absoluta impunidad en las investigaciones que se llevaron en su contra y para las cuales recibió, incluso, sentencias condenatorias, hasta que su estado de salud permitió someterla a proceso.
Hija de Alvaro Alsogaray, aquél infame economista de la dictadura, líder de la fuerza ultraliberal UCeDe, terminó ocupando múltiples funciones en el ciclo privatizador llevado adelante por Caros Ménem, quien ganó sus elecciones prometiendo una revolución productiva y un salariazo, y gobernó con la agenda de la minoría oligárquica de la Argentina.
Acusada en múltiples procesos por los escándalos de corrupción asociados al proceso privatizador, María Julia Alsogaray, logró sortear su suerte judicial con un largo sistema de complicidades y ardides relacionados con su estado de salud, que terminó por conformar una impunidad absoluta en la que vivió hasta el último de sus días.-
Recientemente, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6 condenó hoy a Sergio y Gustavo Meller a dos años de ejecución en suspenso por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública en calidad de partícipes necesarios, al término del juicio por la autorización del pago ilegítimo de una deuda que los empresarios, a través de la firma Meller S.A., le reclamaban al Ente Nacional de Telecomunicaciones (ENTel) por la publicación anual de guías telefónicas en la Ciudad de Buenos Aires. En línea con lo solicitado por el fiscal general que intervino en el debate oral y público, Diego Velasco, los jueces también le impusieron una pena de tres años -también de ejecución en suspenso- a Yolanda Eggink, una funcionaria que se desempeñó en el Ministerio de Economía e integró el Tribunal Arbitral de Obras Públicas.
Al juicio también había llegado como acusada la ex interventora para la liquidación del ente. María Julia Alsogaray, pero a mediados de agosto el proceso se suspendió respecto a ella por cuestiones médicas. La actuación de la ex polifuncionaria menemista como liquidadora ya le valió una condena a cuatro años de prisión en 2014, por una contratación fraudulenta, en 1994, con la Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por las firmas “KPMG”, “Copiaga S.A.” y el estudio Fernández Madero.
Una vida caracterizada por ejercer funciones públicas para representar los intereses empresarios, llevando adelante escandalosos negocios, terminó hoy dejando como testimonio que cuando la Justicia tarda, es por que nunca llega.
