Internacionales

Por Chris Hartmann. Traducción de Ana Vallorani

Nicaragua: Un Canal ¿a qué costo?

Un canal propuesto en Nicaragua rivalizaría con el de Panamá como enlace entre el Atlántico y el Pacífico. Pero los manifestantes indígenas y ambientalistas dicen que no están jugando limpio.

Reacción del pueblo nicaragüense a la propuesta de un canal que una al Pacifico y el Atlántico, alternativo al de Panamá.

¿Qué tiene que ver un canal con los derechos humanos?

 

Bastante, según los miles de manifestantes nicaragüenses que llenaron las calles de Managua el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Con pancartas, banderas, cánticos, y una petición presentada ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, salieron en oposición a la propuesta de un canal que pasaría a través de Nicaragua, uniendo los océanos Atlántico y Pacífico.

 

Sin duda, el canal aumentaría la importancia económica de Nicaragua en la región, generaría ingresos muy necesarios, y puestos de trabajo. Pero esos beneficios tienen altos costos: Se espera que el canal pueda devastar el medio ambiente. Por otra parte, desplazaría a las comunidades indígenas y perjudicaría a algunas de las personas más marginadas del país.

 

El canal propuesto no tiene en cuenta varios de los mandatos constitucionales de Nicaragua; incluyendo los derechos de los pueblos indígenas a la autonomía y a la libre determinación y el derecho a la propiedad colectiva de las tierras comunales e indivisibles. Como los agricultores, los jóvenes, los pobladores rurales, y otros manifestantes dejaron claro durante su protesta, el canal llegaría a un precio demasiado alto.

 

Progreso Económico (para las élites)

 

En junio de 2013, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, propuso y firmó apuradamente la Ley 840, que concedió a la Hong Kong Nicaragua Canal Development Investment Company, o el Grupo HKND – una corporación china – un contrato de usufructo de 50 años para el proyecto, renovable por otros 50 años.

 

Los inversionistas del proyecto aún no se han identificado, un hecho preocupante que pone de relieve su falta de transparencia. La participación del HKND refleja la cada vez mayor presencia de inversores de Asia Oriental – más notablemente chinos – en América Latina, una región dominada durante mucho tiempo política y económicamente por los norteamericanos (llamados gringos).

 

La construcción del canal,  presupuestado en $ 50 mil millones, está programada para comenzar el 22 de diciembre. Con 172 kilómetros de largo, el canal de Nicaragua tendrá tres veces la longitud del Canal de Panamá. Más importante aún, es muy superior en el ancho y la profundidad al Canal de Panamá, lo que le permitiría adaptarse a los buques contenedores que cada vez son más grandes y no pueden caber a través de las esclusas del Canal de Panamá.

 

Se prevé que canal propuesto sea una bonanza económica, pudiendo tal vez triplicar la tasa de crecimiento económico de Nicaragua; actualmente el segundo país más pobre del hemisferio occidental, con un 40 por ciento de su población viviendo en la pobreza. Pero a pesar de que las masas empobrecidas pueden beneficiarse con el canal, aunque mínimamente, a través de los efectos de filtración, parece ser la élite económica de Nicaragua – incluyendo los simpatizantes sandinistas más cercanos a Ortega – la que puede sacar el beneficio mayor.

 

Peligros Ambientales

 

Mientras unos pocos se benefician, el canal propuesto podría tener un impacto catastrófico sobre el medio físico.

 

La ruta planificada pasa por el Lago de Nicaragua, el lago más grande de América Central y la principal fuente de agua potable. Se espera que el dragado y la infiltración de sal del canal pueda alterar permanentemente el ecosistema del Lago de Nicaragua. El canal también destruiría más de 400.000 hectáreas de bosques tropicales y humedales, los cuales, además de ser parte del Corredor Biológico Mesoamericano, son críticos para los esfuerzos de conservación de la biodiversidad local y regional.

 

En respuesta a los ecologistas, quienes proponen el proyecto sostienen que se necesita del canal para salvar las áreas protegidas de Nicaragua de los madereros ilegales y ganaderos. Ellos dicen que el aumento de los ingresos permitirá una mayor vigilancia y un mejor cumplimiento de las normas ambientales en la región.

 

¿Quién tiene razón? Los promotores no esperan para ver. A pesar de que la construcción de dos proyectos auxiliares – un puerto de aguas profundas y carreteras para el transporte de maquinaria pesada – estaba programada para comenzar, los resultados del estudio ambiental aún no se han hecho públicos.

 

Impactos sobre los grupos indígenas y la población rural

 

Más allá de la devastación ambiental, el canal propuesto podría tener enormes implicaciones sociales.

 

Así como el estudio de impacto ambiental, los resultados de una evaluación de impacto social tienen que ser igualmente publicados. Pero los más propensos a ser desplazados por el canal son los empobrecidos propietarios de tierras rurales. Los agricultores y los residentes cercanos al lago están preocupados de que el canal propuesto interrumpa las prácticas agrícolas de subsistencia, además de contaminar el lago, y disminuir el agua para consumo personal y para riego. Tanto a los agricultores como a los residentes les preocupa ser desalojados de sus tierras, y muchos se niegan a abandonarla voluntariamente.

 

El canal también cruza territorio que ha estado tradicionalmente en manos de los grupos indígenas. Representando casi el 9 por ciento de la población nacional, gran parte de la población indígena de Nicaragua se encuentra a lo largo de la costa atlántica, que aunque es extensa está escasamente poblada y compone aproximadamente la mitad de la superficie total del país.

 

Desde la década del ‘80, cuando estallaron los conflictos sobre cómo gobernar las regiones de la Costa Atlántica, los grupos indígenas han tenido una relación tensa con el partido sandinista gobernante. En 1987, los sandinistas aprobaron leyes que establecen un régimen de autonomía en la Costa Atlántica y la concesión de derechos territoriales colectivos a sus habitantes bajo un estado-nación multiétnica. A principios de este año, enmiendas constitucionales esclarecieron y extendieron los derechos relativos a la preservación cultural, el territorio colectivo y la autonomía. Sin embargo, como en el pasado, las personalidades del gobierno central en Managua continúan tomando decisiones relativas a las Comunidades Autónomas y sus habitantes sin la consulta y la participación local.

 

En los últimos años, los grupos indígenas han enfrentado a cada vez más ganaderos, madereros ilegales y narcotraficantes, quienes invaden sus tierras y culturas. Los mestizos ahora superan en número a las poblaciones indígenas y afro-descendientes en esta región a lo largo de la costa atlántica reduciendo, en consecuencia, su poder político. El canal propuesto, junto con los proyectos de desarrollo asociados – incluyendo amplias carreteras, varias exclusas, puertos masivas, y una zona de libre comercio – probablemente exacerbará los conflictos locales.

 

Resistiendo de pie

 

Los grupos indígenas y terratenientes rurales no están con los brazos cruzados. Varios grupos indígenas han presentado una demanda contra el gobierno de Ortega, alegando violaciones de los derechos constitucionales e internacionales, como la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas.

 

Y decenas de miles de nicaragüenses – junto con una gran cantidad de organizaciones no gubernamentales locales, nacionales e internacionales – han participado en más de una docena de protestas en todo el país, diciendo a gritos que «Nuestras tierras no son negociables, no están a la venta, y no se regalan!» Ellos exigen transparencia y diálogo sobre el canal.

 

Las cosas tienen que cambiar, y cuanto antes mejor. Nicaragua y HKND deben publicar los estudios de impacto ambiental y social. Y ahora, más que nunca, el gobierno de Nicaragua, HKND Group, y los inversores internacionales que  todavía tienen que ser identificados deben reconocer los derechos de los grupos indígenas a la autonomía que llevan décadas. Los medios de vida, culturas y derechos de decenas de miles de nicaragüenses marginados dependen de ello.

Fuente: Common Dreams, EE.UU.