Economía

Deuda externa

Otra vez sopa: Apriete de los pulpos financieros para cerrar acuerdo con el FMI

El grupo de corporaciones financieras globales reunidos en “Grupo Ad Hoc” que obtuviera un ventajoso canje de la deuda contraída por Mauricio Macri para financiar la fuga de capitales, presiona duramente al Gobierno para que se alcance un acuerdo rápido con el FMI y se acepte un ajuste brutal sobre la economía argentina.

Base64-eb0173e6-48a6-4e52-8040-7b5c47a04f64-1613675968343-nota_imagen_principal

“Sin apetito por el ajuste” fue el calificativo con el que cuestionaron al Gobierno Nacional las corporaciones financieras nucleadas en el Grupo Ad Hoc, que operara sobre la Argentina para obtener un muy ventajoso canje de la deuda externa que contrajera el Gobierno de Mauricio Macri para financiar la fuga de capitales, el lavado de activos procedentes de ilícitos y el deterioro de la política cambiaria del país.

Las corporaciones financieras que integran el lote de usureros que extorsionaron al gobierno nacional incluye, entre otros, a fondos como HBK Investments, Monarch Alternative Capital, Paloma Partners Management, Pharo Management, Redwood Capital Management y VR Capital Group. Todos ellos, representados por el criminal financiero Dennis Hranitzky, ex abogado de Paul Singer que se tomó fama por intentar embargar la Fragata Libertad durante el enfrentamiento del gobierno de Cristina Kirchner con los fondos buitre.

Las corporaciones financieras operan ahora sobre la Argentina para obtener un pronto acuerdo con el FMI, la otra pata de una mesa construida por los intereses de los grupos económicos para condicionar el destino de la Argentina por los próximos veinte años, a lo que fue funcional el gobierno de Mauricio Macri.

La prioridad del gobierno por alcanzar el citado acuerdo con el FMI contrasta con la certeza expresada por Martín Guzmán acerca que el dinero ingresado a la Argentina como deuda externa, apenas sirvió para financiar la fuga de capitales. Con semejante certeza, lo legal y justo para la Argentina sería interrumpir los pagos con el organismo multilateral y negarse a un acuerdo de condicionalidades.

Las voces críticas de la propia fuerza gobernante, alertaron la estructura de lobby internacional de las corporaciones financieras y de manera veloz se redactó un documento con amplia difusión en las grandes empresas de la comunicación en el país y, como sucede últimamente, una respuesta del Gobierno volviendo a acercar posiciones con el FMI.

“Un programa del FMI es la única fuente probable de anclajes políticos y un marco creíble a medio plazo que pueda aportar estabilidad. Sin embargo, el Gobierno parece estar contemplando seriamente la posibilidad de retrasar un acuerdo con el FMI para tener la libertad de continuar con sus políticas insostenibles aún más tiempo. Con las reservas ya en niveles peligrosamente bajos, tal estrategia equivale a una apuesta temeraria”, dijeron los acreedores en el comunicado, y agregaron para que no queden dudas “Un acuerdo con el FMI, que se necesita desesperadamente, ha quedado subordinado a la política”, se quejaron.

Para graficar sus temores, sostuvieron Argentina no puede entrar en default y reestructurar su camino hacia la prosperidad. La gran tragedia es que la incapacidad de articular una senda política creíble impide la estabilidad y el crecimiento de lo que podría ser una economía competitiva si tan sólo las autoridades decidieran anclar las políticas económicas en torno a un marco macroeconómico coherente con el apoyo del FMI”.

“El contexto de Argentina debería ser positivo. Con una reestructuración de varias décadas de su carga de deuda externa a bajos tipos de interés, los precios de las materias primas agrícolas cerca de máximos históricos y un repunte natural de la actividad económica desde los mínimos pandémicos, Argentina debería beneficiarse de importantes vientos de cola. Sin embargo, desde que el Gobierno concluyó su histórica reestructuración de los bonos internacionales y nacionales en moneda extranjera en septiembre, las condiciones macroeconómicas locales han seguido deteriorándose”, se quejaron y desnudaron sus auténticas intenciones.

Los acreedores externos asumen que la única manera de asegurar el destino de las operaciones que realizan en el país sus corporaciones controladas, es materializando un ajuste estructural de las finanzas públicas.

El mentado ajuste fiscal, acompañado de un reclamo insostenible de achicar los impuestos que pagan los grupos económicos, sólo deja abierta la posibilidad de que el gobierno lleve adelante un ajuste sobre el bolsillo de los trabajadores y profundice el ciclo que arrastra la Argentina desde hace cinco años.

“En lugar de orientar la política en una dirección positiva, el Gobierno ha aprovechado en gran medida el respiro como una oportunidad para retrasar decisiones difíciles y continuar con políticas insostenibles. Los controles de precios, la congelación de los aranceles y el racionamiento del acceso a las divisas son paliativos a corto plazo que están destinados a fracasar y a acumular mayores problemas en el futuro”, criticó el comunicado.

Con esas certezas, explican que controlar precios, monetizar ayuda económica a quienes mas lo necesiten, y no liberalizar el costo de la energía y el conjunto de los precios en la Argentina, es el objetivo de los intereses extranjeros, y del propio FMI, cuyo acuerdo observan como garantía de dichas metas.

En su descabellada matriz económica, el control de la inflación es asegurar que la gente no tenga dinero para consumir, y que la capacidad productiva de la Argentina, se vuelque al extranjero, asegurando un bajo costo por devaluación para la producción en el país de los grupos económicos transnacionales.

En su filosofía, el Estado no debe intervenir en ningún aspecto que apunte a mejorar la distribución del ingreso. En ese sentido, también atacaron medidas de Gobierno como la intervención en el mercado de maíz y los malos resultados en materia de inflación.

“Sin apetito por el ajuste fiscal, la monetización de los déficits sigue alimentando el aumento de la inflación. La previsión de inflación del Gobierno del 29% para 2021 no es creíble; las estimaciones de los economistas privados de que la inflación supere el 45% son más realistas. La formulación de políticas erráticas y ad hoc, en medio de una creciente lista de errores y giros en U, como las iniciativas para limitar las exportaciones de maíz e intervenir en los mercados de trigo, un esfuerzo innecesario de confrontación para reestructurar la deuda de YPF y la congelación de las tarifas de electricidad, gas y otros servicios, erosionan la confianza”, dijeron por si les restaba alguna certeza por ser volcada.