Política

La policía Metropolitana cuestionada por la Legislatura

Un informe minucioso de la Comisión de Evaluación de la Incorporación de Personal de la Policía Metropolitana de la Legislatura deja al descubierto" la ausencia de idoneidad para cumplir la función policial de varios de sus funcionarios y agentes, puntualmente, por la existencia de procesamientos e imputaciones penales".

 Según se desprende del mismo, “La posible existencia de una asociación ilícita dedicada al espionaje funcionando a partir de la mas alta jerarquía de la Policía Metropolitana; la investigación judicial sobre la participación y el amparo del Jefe de Gobierno a la misma; y la sospecha que la matriz emplazada por Jorge “Fino” Palacios seguía instalada a pesar de su forzada renuncia, a través de la incorporación de ex comisarios de la Federal vinculados al propio Palacios, hacen que el 19 de noviembre de 2009 se creara esta Comisión”.

La misma está conformada por miembros de las Comisiones de Seguridad y de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación de la legislatura porteña y por la Defensora del Pueblo.

Curiosamente, desde su creación, más allá de las renuncias de Palacios y Osvaldo Chamorro, durante febrero y abril de 2010 se produjeron no menos de 22 bajas de personal policial, entre los que se incluyeron un Comisionado General, un Comisionado Mayor y cuatro Comisionados, sin que se pudiera determinar los motivos de estas bajas, aunque en declaraciones de algunos funcionarios de gobierno se dijo que todase fuero por poseer antecedentes penales.

La evidencia pública de la confusión político-institucional en lo que hace a la incorporación de personal policial provenientes de otras fuerzas de seguridad, obligó al gobierno de Macri a crear una Comisión conformada por el Rector del Instituto Superior de Seguridad Pública, el Jefe de la Policía Metropolitana, el Auditor externo Policial y el Director General de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para que se abocaran a la revisión integral de los antecedentes presentados por el personal ingresado. Por otra parte a partir de marzo del corriente año las incorporaciones del personal policial pasan a ser competencia del Instituto Superior de Seguridad Pública, aunque queda en evidencia un vacío jurídico administrativo por la falta de normatización en los requisitos de ingreso.

En cuanto a la actividad de la Comisión de Evaluación de la Legislatura, según el informe hecho público hace pocos días, pudo determinar que el personal policial es de 926 agentes, pero no ha podido lograr que se le informara desde el Ministerio de Seguridad de la Ciudad, los cargos respectivos, como tampoco pudo tener un acceso material a los legajos ya que los mismos fueron digitalizados, lo que hace engorroso observar proyecciones de fojas una tras otra en breve lapso de tiempo.

Cabe destacar que no se ha podido acceder a las declaraciones juradas digitalizadas en las que los agentes expresan no poseer procesos penales ya que las mismas fueron solicitadas antes de la digitalización de datos.

Para la Comisión de Evaluación, “el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no puede poner limitaciones a mecanismos de fiscalización”, debiendo “otorgarla en forma adecuada, veraz y en tiempo”

Por otra parte, de la revisión efectuada, sobre 52 altos mandos policiales,”el perfil policial, llama a la mayor preocupación” ya que el 73% del total tuvo actuación en fuerzas de seguridad en los años de la última dictadura militar, grupo que incluye a los 4 Superintendentes de la fuerza”.”Este antecedente para el informe de la Comisión legislativa, es insoslayable cuando dice ” es necesario asumir que la designación en cargos de conducción de agentes que han tenido experiencia policial en años de la dictadura y violaciones a los derechos humanos no se condice con el perfil de policía que la ciudadanía requiere

La tarea de La Comisión de Evaluación no ha concluido y tiene hacia delante cometidos que se ha impuesto.

Por lo pronto, el informe ya elaborado será elevado a la justicia en la causa que debe afrontar el Jefe de Gobierno.