El Gobierno nacional recortó $1867 millones destinados a 70 programas sociales de investigación. Este ajuste resultará en la eliminación de numerosos proyectos, con un enfoque particular en detener investigaciones relacionadas con las Ciencias Sociales, el cambio climático y el medioambiente.
La medida ha generado una fuerte reacción entre científicos y docentes universitarios, quienes manifestaron su “enérgico repudio” y señalaron que esta decisión representa “un grave retroceso en las políticas públicas dirigidas al desarrollo sostenible y a la soberanía científica nacional”.
“Resulta imperioso que la evaluación de los programas se realice verificando su correlato con el Plan Estratégico definido para el 2024-2025, el cual tiene su eje en la redefinición y reorientación de las estructuras institucionales y sistemas de evaluación relacionados con la gestión del conocimiento y la promoción de la ciencia y la tecnología, con una política orientada a la generación de conocimiento y el desarrollo de tecnologías al servicio del crecimiento económico y desarrollo estratégico del país, con asiento en las temáticas de agroindustria, energía y minería, economía del conocimiento y la innovación y salud”, plantea el texto publicado en el Boletín Oficial.
Ello implica “dar por finalizados aquellos programas cuyos objetos no encuentren asidero en el citado Plan Estratégico” y solo se aceptarán investigaciones que estén desarrolladas en un valor mayor al 30% de ejecución.
El resto de los proyectos, siempre y cuando no sean tema de interés libertario, entrarán“en revisión” o directamente se cerrará. Todo conocimiento vinculado a cualquier rama de la Ciencias Sociales, al cambio climático o a otras temáticas vinculadas al medio ambiente no son considerados estratégicos.
La postura de la comunidad científica ante la medida
Ante este nuevo ataque al sector, la Federación de Docentes Universitarios (FEDUN), los Sindicatos Universitarios de América del Sur (FESIDUAS) y la Federación Latinoamericana de Trabajadores Científicos (FEDLATCI) expresaron su rechazo a la medida del Gobierno de Javier Milei.
En un comunicado conjunto, afirmaron que la Resolución 10/2025 “plantea la eliminación de las investigaciones científicas relacionadas con las ciencias sociales, el medio ambiente y el calentamiento global entre otras, lo que representa un ataque directo al avance del conocimiento y un grave retroceso en las políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible y la soberanía científica nacional”.
“Esta medida refleja una postura negacionista que desconoce la importancia estratégica de la ciencia y la tecnología para abordar los desafíos globales y locales”, añadieron.
Los científicos advirtieron que este ajuste a la ciencia tiene “graves consecuencias” que comprometen directamente “la estabilidad laboral y el desarrollo de las carreras profesionales de las trabajadoras y los trabajadores de la investigación y la ciencia argentina”.
Por eso, hicieron un llamado “urgente” al conjunto de la sociedad para “mantenerse alerta y movilizada en defensa de la educación pública, la ciencia y la tecnología, pilares esenciales para el progreso y el futuro de nuestra nación y el bienestar del pueblo argentino”.
