La Red de Inquilinos se reunió ayer con la Cámara Inmobiliaria Argentina, para presentar una serie de puntos tendientes a proteger a quienes tienen que alquilar inmuebles en la Ciudad. El Sr. Roberto Arévalo, Presidente de la CIA, fue quien atendió el planteo de los representantes de la Red.

Al respecto Itai Hagman, dirigente de Patria Grande (una de las organizaciones que impulsan la Red de Inquilinos) se refirió al encuentro: “Lamentablemente la Cámara Inmobiliaria no se hizo cargo de su rol en la permanente vulneración de derechos que los inquilinos sufren en la Ciudad de Buenos Aires.” 

“Ahora más que nunca, nosotros vamos a seguir organizándonos para fortalecer la Red de Inquilinos tanto para exigirle al Estado que se haga cargo de ejecutar una Ley que los proteja y a construir instancias que velen por ello, como al sector inmobiliario para que se comprometan a respetar el acceso a la vivienda como derecho constitucional. Sin extorsiones ni abusos”, añadió.

Paula Resels, referente del Movimiento Popular La Dignidad y Comunera de la Ciudad, agregó: “Vinimos a esta reunión con cinco puntos muy claros para empezar a avanzar con un proyecto en defensa de los inquilinos en la Ciudad: Eliminación de la exigencia de garantía y recibos de sueldo para el alquiler”.

“El cobro de las comisiones por la operación, no puede estar cargado al que alquila. Los inquilinos actuales tenemos prioridad en la renovación del contrato siguiente, que además, debería durar por un mínimo de tres años”, precisó.

Asimismo indicó que “la indexación de los alquileres es ilegal. La Cámara inmobiliaria nos respondió que ellos no pueden más que “velar por la reproducción del negocio”, aunque en ese camino estén vulnerando en derecho constitucional y universal que es el acceso a la vivienda.”

En este marco, mañana 17.30, en el Centro Cultural Fray Mocho (Perón 3644 – CABA), se desarrollará una reunión centralizada junto a los vecinos y vecinas de todos los barrios porteños, para definir los pasos siguientes en relación a la promoción de una Ley en Defensa de los Inquilinos.