Un centenar de legisladores, referentes de derechos humanos, intelectuales y académicos reclamaron hoy un «compromiso firme» del Estado para garantizar «límites» a la «violencia estatal», con una mayor «regulación» de las fuerzas de seguridad, la «protección del derecho a la protesta» y la prohibición de prácticas de inteligencia sobre organizaciones sociales.

«La protección de los derechos humanos requiere un compromiso firme con estos principios básicos que implican orientar las políticas a la limitación de la violencia estatal», concluyó un documento que reunió 300 firmas.
Suscribieron Abuelas de Plaza de Mayo; el CELS; Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; directores del Conicet; el Serpaj; rectores y decanos universitarios; el colectivo Ni Una Menos; las dos CTA, el CTEP; la Fundación Techo; Barrios de Pie; Amnistía Internacional, Greenpeace y el Movimiento Evita, entre otros.
Para los firmantes, «en los últimos meses, desde instancias diferentes, se desplegaron mensajes punitivos y políticas públicas que ponen en duda y debilitan acuerdos básicos que hacen posible la construcción de la vida democrática».

En ese contexto, pidieron una «clara separación entre asuntos de defensa y asuntos de seguridad» y advirtieron que «los intentos de involucrar a los militares en la seguridad interior imitan experiencias lamentables de otros países, que tienen consecuencias graves tanto por la generación de violencia como por la degradación de las Fuerzas Armadas».

«Es fundamental regular y limitar el uso de la fuerza policial», establece el segundo de los cuatro puntos del documento, que considera «muy preocupante» que sea «el mismo Estado el que alimenta la idea de impunidad para policías y penitenciarios que trasgreden límites».

El texto recomienda también al Estado «habilitar canales de negociación política sustantivos, y no sólo formales» para «reducir la frecuencia e intensidad» de las protestas y huelgas, que son los «recursos con los que cuentan los distintos actores para visibilizar sus reclamos e interpelar a las autoridades».

En el cuarto punto, los firmantes exigen el «compromiso del sistema político con la prohibición del uso de las agencias de inteligencia para el espionaje político y contra las organizaciones y referentes sociales».

Entre las 300 firmas están: la escritora Beatriz Sarlo, el triunviro de la CGT Juan Carlos Schmid, el investigador Roberto Gargarella, el ex ministro de Justicia bonaerense León Arslanián, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel; y los legisladores Cecilia Moreau, Felipe Solá, Fernando «Pino» Solanas, Antonio Bonfatti y Agustín Rossi.