El senador nacional Fernando Solanas (Proyecto Sur – CABA) elevó a su cámara un proyecto de ley para prohibir en todo el país la megaminería que utiliza sustancias contaminantes como el cianuro, el ácido sulfúrico y cientos de metales pesados que contaminan en forma definitiva los recursos naturales.

La iniciativa también alcanza a las explotaciones que se hayan realizado con anterioridad a la sanción de la ley deberán contar con estudios trimestrales a cargos de las empresas para garantizar el ambiente y la salud de las personas.

Desde el espacio de centro izquierda subrayaron que ninguna actividad es tan agresiva con el ambiente como lo es la megaminería. Además de la explotación y la voladura de montañas, el proceso usa más de 80 millones de litros de agua por día que alteran notablemente la economía y el sistema productivo de todas las economías regionales en zonas aledañas.

A su vez, contextualizarón que, impulsada por el Banco Mundial y las corporaciones mineras, en los años 90 se modificó la legislación minera en más de 70 países con grandes reservas metalíferas. En Argentina, la reforma fue conducida por el Presidente de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados de la Nación, José Luis Gioja.

Asimismo cuestionaron que la legislación permisiva sancionada posibilitó la expansión de esta modalidad de explotación minera en la Argentina, dejando consecuencias ambientales de enormes proporciones. El modelo de la “megaminería metalífera” que se encuentra en expansión produce el agotamiento del agua, la contaminación de los bienes comunes, la pérdida de la biodiversidad, la destrucción del paisaje, la pérdida de las economías agropastoriles regionales y los conflictos sociales.

Su avance va en sintonía con un régimen de acumulación vigente que perjudica a las poblaciones más pobres. Este modelo no hubiera sido posible sin una legislación permisiva, situación que urge modificar para frenar la destrucción de los bienes comunes y la vida de las comunidades afectadas.