La polémica por el traslado del Centro Cívico porteño, uno de los mega proyectos del macrismo para esta segunda gestión, podría demorarse más de lo previsto si la Justicia no autoriza para que se concrete. 

Las obras están previstas en un predio que perteneció al Hospital Borda (actualmente el Taller 19), y los trabajos habían sido adjudicados a la unión transitoria de empresas Teximco SA, EMA SA y Dal Construcciones SA, pero luego fueron objetadas ante la Justicia.

Diputados de la oposición rechazaron la propuesta argumentando que “la obra suponía un ataque al sistema de resocialización de los internos”. Además  denunciaron un presunto negocio inmobiliario e interpusieron un recurso de amparo ante el fuero en lo contencioso administrativo porteño. 

Por su parte, profesionales del hospital y sindicalistas también rechazaron la edificación de oficinas gubernamentales en ese lote.

Fue la Justicia, en primera y segunda instancia quien  obligó a frenar la obra y dispuso una serie de exigencias que el Gobierno porteño debía cumplir antes de proseguir. 

En febrero pasado, la jueza de primera instancia levantó la cautelar, que fue apelada por los autores del amparo.

El 26 de abril pasado se produjo la violenta jornada con policías de la Metropolitana, luego que desde la Procuración General de la Ciudad entendieran que la apelación no impedía llevar adelante los planes del Gobierno.

En medio de los disturbios, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo informó que la medida cautelar que frenaba las obras estaba vigente e intimó a la Ciudad a no proseguir con los trabajos hasta que la apelación fuera resuelta.

Después de cuatro meses no hubo ninguna definición en la causa, sostuvieron fuentes con acceso al expediente. 

En la parcela, destinada al Centro Cívico,  sólo se observa una casita construida con chapas por los trabajadores con un cartel que reza “Taller Protegido N° 19.

La suspensión de los trabajos del Centro Cívico derivó también en la postergación de la venta del edificio del ex Mercado del Plata, situado en Pellegrini 211, explicaron fuentes oficiales ya que por ley, el dinero proveniente de la subasta del inmueble debía invertirse en el desarrollo del distrito gubernamental, valuado en unos 280 millones de pesos.

Sólo si la Justicia se expidiera favorablemente podría estar concluida la unidad para el Jefe de gobierno y sus equipos.