Sociedad

Aborto Legal

¡Al fin!: Comienza el debate sobre el aborto en el Congreso

Mientras millones llenan las redes sociales, ventanas, lugares de trabajo y sus propios cuerpos de pañuelos verdes y se intensifica la violencia de “salvemos las dos vidas” con escraches y amenazas a diputadas, el debate de salud pública que más ha movilizado al país en las últimas décadas, comienza a discutirse con diferentes expositores.

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Desde las 9 de la mañana de hoy, el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) presentado por el Poder Ejecutivo hace dos semanas, será discutido en la Cámara de Diputados. Durante toda la semana funcionarios nacionales y 50 expositores científicos, sanitaristas, religiosos y juristas, argumentarán a favor y en contra de la legalización del aborto. El 10 de diciembre, las y los diputados deberán emitir dictamen, el cual, por las declaraciones previas de la mayoría de las y los legisladores, será positivo.
La apertura del debate será con la presencia de Vilma Ibarra, Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia y redactora del proyecto de legalización del aborto, y los ministros de Salud, Ginés González García y de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. El cronograma seguirá con encuentros informativos intensivos durante toda la semana, donde habrá turnos para que distintas áreas de la sociedad puedan exponer su punto de vista a través de la opinión de 25 disertantes a favor del derecho a que las mujeres y personas gestantes puedan acceder al sistema de salud para realizarse una interrupción voluntaria del embarazo, sea cual sea la causa del mismo; y 25 oradores en contra del derecho a que las personas gestantes puedan decidir sobre sus cuerpos y la planificación de sus vidas.
Si bien internacionalmente y específicamente en nuestra región, el aborto es una discusión en torno a la salud; en nuestro país, la presión de las iglesias, sobre todo la evangelista y la católica ortodoxa, y de sectores de poder económico concentrado que no desean que las grandes mayorías adquieran derechos ni garantías de ningún tipo, ya que lucran con las necesidades y la desesperación de las y los trabajadores y las múltiples desigualdades apuntalan su posición; aletargan desde hace muchos años la discusión y sanción del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Por este motivo, las personas que expongan sus argumentos ante la Cámara de diputados, al igual que en 2018, serán referentes y especialistas del área religiosa y ética, de la jurisprudencia, de la ciencia y de la salud; y no solo especialistas en el área de salud pública.
Tal son las presiones y la violencia que ejercen sobre el resto de la sociedad quienes están en contra de la legalización del embarazo, que no solo amenazan y maltratan a quienes no piensan como ellos, en las redes sociales; sino que en los últimos años sus amenazas y actos de acoso, violencia simbólica, verbal, psicológica e incluso física, además de los actos de vandalismo en casas particulares y espacios de encuentro feminista; hace días que se dedican a perseguir y amedrentar a las familias y a los y las propios diputadas que deberán votar en los próximos días.
A sabiendas de esta situación y reconociendo que las conminaciones son aún más fuertes que en 2018, la Cámara de Diputados presidida por Sergio Massa, resolvió ayer constituir un equipo de abogados penalistas para garantizar la defensa de la intimidad y la libertad de cada diputado para expresar su opinión.
Las voces “verdes” del Congreso, sobre todo las del Frente de Todos, esperan poder aprobar el proyecto en la Cámara baja para la segunda semana de diciembre y enviarlo luego al Senado para tener sancionada la ley antes de fin de año, ya en el marco de las sesiones extraordinarias.
A horas nada más de comenzar el ansiado debate, el conteo voto por voto se prende en la previa sobre todo en las filas de la “ola verde” que con esperanza y alegría masiva ve como las voluntades se van alineando para asegurar la media sanción la Cámara de Diputados. Aunque la diferencia es más ajustada, en Senadores también se conforma de a poco una mayoría.
De sancionarse los proyecto de Legalización del Aborto y el Plan de los 1000 días, que comenzó a debatirse ayer por la mañana y busca asistir a las  personas embarazadas que desean maternar y a sus hijos en los primeros años de vida; el Estado garantizará a todas las mujeres y personas gestantes cualquiera sea su género, el derecho de decidir sobre sus vidas y cuerpos y las acompañará a todas en su decisión de tener hijos o de interrumpir la gestación y no tener que padecer el sufrimiento, clasificado como tortura en los estándares internacionales, de transitar un embarazo no deseado, muchas veces fruto de la violencia de género y de la falta de acceso a la educación sexual integral y a la salud.
En los próximos días se espera que Liliana Yambrun, María Luisa Montoto, Ramiro Gutiérrez y Graciela Parola del Frente de Todos; y Sebastián García De Luca del Pro, los únicos votos indefinidos en la cámara baja, terminen inclinándose por otorgarle un derecho a las mujeres trabajadoras, salvando cientos de vidas, previniendo violencias de todo tipo y asegurando un futuro que se encamine cada vez más a la igualdad de género y la erradicación de la violencia de género.