Caracterizados como legisladores, unos 40 activistas se instalaron desde temprano en las escalinatas del Parlamento simulando estar preparados para detonar una bomba gigante.
En el lugar desplegaron una bandera con la leyenda «Diputados, no detonen la bomba. Ley de Basura Electrónica ya».
Greenpeace denuncia que en caso de no ser sancionada en los próximos dos meses, esta ley perderá estado parlamentario.
La Coordinadora de Unidad Política de la organización, Consuelo Bilbao, señaló que «es indispensable una ley que separe a los residuos electrónicos del flujo de la basura común, que permita el reciclado y la recuperación y disponga que los productores se hagan cargo de la gestión de estos aparatos una vez finalizada su vida útil. Esa responsabilidad recae hoy sobre el Estado.»
Asimismo, detalló que «además de contener sustancias tóxicas, estos residuos tienen materiales valiosos que pueden ser recuperados y reciclados, que hoy se están tirando a la basura», y señaló que «más del 95% de un celular puede ser recuperado»
«No sólo se contamina el ambiente sino que se dilapidan recursos valiosos que deberían ser reaprovechados por la industria», dijo.
La Ley de Basura Electrónica obliga a las empresas a hacerse responsables legal y financieramente de la gestión de reutilización y reciclado de los residuos de sus propios aparatos y dispone la prohibición de sustancias tóxicas en la fabricación.
En este sentido, Bilbao explicó que «en 2011 se descartaron 10 millones de teléfonos celulares, aparatos que hoy llegan escasamente a los dos años de vida útil, lo que demuestra claramente el ritmo de consumo y descarte de este tipo de aparatos y el problema al cual nos enfrentamos, una bomba de tiempo».
En la elaboración del proyecto de esta Ley participaron distintas ONG ambientalistas, legisladores, recicladores y organismos de gobierno como el Instituto nacional de Tecnología Industrial (INTI) y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
