La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó un aumento del 15,53% para jubilados y pensionados. De esta manera, el haber mínimo pasará de $37.525 a $43.352,63, es decir, se incrementará desde septiembre unos $5.827,63. A dicha suma se le sumará un refuerzo de $7.000,00 para las prestaciones inferiores, instalando un nuevo piso de $50.352,63 para las jubilaciones mínimas.

En la modalidad de movilidad jubilatoria instaurada desde marzo del año pasado, los ajustes se dan de forma trimestral y desigual según el nivel de ingreso. De esta manera, sin acrecentar el porcentaje presupuestario destinado a la seguridad social, se otorga un mayor aumento aquellos que menos cobran a fin de lograr que el incremento de las jubilaciones mínimas, que representan el 85% del total, no sea inferior al índice de inflación anual.

Lo que en teoría parece justo, deja de serlo cuando observamos que ese 85% que percibirá un incremento igual o superior a la inflación corresponde a jubilaciones de hasta $50.000 mensuales. Por lo tanto, todas aquellas por encima de ese monto, que distan mucho de ser jubilaciones altas, sufrirán un ajuste real en el poder adquisitivo de sus ingresos. En otras palabras, se sostiene, o eleva en el mejor de los casos, el piso de ingresos y se ajusta al resto bajo el único fundamento de reducir el déficit fiscal, según lo impuesto por el gobierno de facto del FMI.

En rigor de verdad, y teniendo en cuenta que la canasta básica jubilatoria se encuentra en unos $93.000,00 mensuales, los resultados de estos insignificantes aumentos paulatinos nunca alcanzan para hacer justicia, al mismo tiempo que el achatamiento de ingresos va arrastrando a la pobreza al conjunto de nuestras jubiladas y jubilados. Estamos en el absurdo camino de convertir en sinónimos a las palabras jubilación y pobreza.

Sin ingresar en mayor análisis sobre la última actualización, lo estrictamente cierto es que, tanto el futuro de los pibes, la educación, como las jubilaciones dignas, son denominadores comunes en la retórica de las campañas políticas y gobiernos de turno. Sin embargo, la realidad muestra que las frecuentes crisis económicas los encuentra como primeros perjudicados. En el permanente, y naturalizado, estado de urgencia solo importa el hoy, el futuro queda para un mañana que nunca llega, y el ayer es materia de descarte.

Haciendo un análisis simple pero profundo de las jubilaciones, trataremos de dar luz sobre la principal causa de esta injusta realidad para aquellos que han aportado al país, con su trabajo, durante toda la vida.

El sistema previsional argentino nació a principios del siglo XX y surge como régimen de capitalización, donde cada trabajador aporta fondos para su jubilación individual. Los beneficiados de este sistema eran un porcentaje mínimo de la población y su resultado ampliamente desigual. Cuatro décadas más tarde, durante el primer gobierno peronista y de la mano de un exitoso desarrollo industrial que generó millones de nuevos puestos de trabajo, se expandieron los beneficiados del sistema jubilatorio al calor del crecimiento de los gremios. Para 1954 se decidió terminar con el injusto método instaurado y se estableció el sistema solidario de reparto, donde la población económicamente activa, mediante sus aportes, sostiene aquellos que por edad o salud no están en condiciones de trabajar.

De esta manera, el total del pueblo en condiciones de trabajar sustenta, solidariamente, a sus jubilados. Así, se ata el ingreso a la producción nacional, obligando al gobierno de turno a generar trabajo en blanco, estable, para un aumento general de la caja de nuestras viejas y viejos. Así, se reparten, de igual manera, épocas de bonanza y crisis, y se hace factible la cobertura universal. Este derecho conquistado fue arrancado en la liberal década del 90 (privatización y regreso a la capitalización de los aportes) y recuperado en el 2008 (estatización y unificación del sistema previsional).

La propia historia muestra, de forma clara, causa y solución del problema. Sin embargo, en los últimos 46 años, los sucesivos gobiernos, unos más otros menos, coinciden en que resulta imposible dar los aumentos que corresponden a nuestros jubilados. Ratifican con sus actos la realidad inconfesable de que han renunciado a su deber, como gobernantes, de dar trabajo y han delegado la tarea al capital y el mercado global. Lo demuestra el hecho de que unos y otros, aunque simulen estar profundamente enfrentados, comparten que el déficit fiscal es lo que impide justicia en el sistema previsional… que para aumentar la caja de nuestros viejos deben aumentar impuestos o ingresar mayor cantidad de divisas… reducen el conflicto a lo estrictamente monetario para ocultar el verdadero problema… la constante caída del trabajo formal.

Algunos datos que nos ayudan a pensar:

–        Los argentinos en condiciones de trabajar (PEA) son 24 millones.

–        Estos, deberían sostener solidariamente a 7,2 millones de jubilados y pensionados.

–        La cantidad de trabajadores formales actual es 12,600,000.

–        6,7 millones de argentinos trabajan en condiciones precarias y no aportan.

–        4,7 millones de argentinos se encuentran desesperados entre desocupados y asignaciones sociales.

–        Los trabajadores formales, aportan alrededor del 35% anual de sus ingresos al sistema previsional. 14% por recibo de sueldo + 21% de IVA.

–        A causa de la escasa cantidad de aportantes, el monto recaudado alcanza para cubrir el 60% de las jubilaciones actuales, forzando las remuneraciones a la baja.

Por lo tanto:

–        Si se iniciara un proceso de industrialización y generación de puestos de trabajo genuinos a partir de la inversión productiva, protección y fortalecimiento del mercado interno mediante la sustitución de importaciones, se podría elevar al máximo la productividad social de la Argentina y alcanzar los 24 millones de trabajadores formales. Esto es posible; solo basta decir que existe un déficit habitacional superior a 3,5 millones de viviendas y una importación de manufacturas de baja complejidad industrial equivalentes a 6 millones de puestos de trabajo a la fecha. Falta voluntad política.

–        Con el aporte de la totalidad de la población económicamente activa bastaría un 25% de descuento para alcanzar el 82% móvil para todos los jubilados argentinos.

–        No solo se terminaría la injusticia para con nuestras viejas y viejos, sino, también, se reduciría el porcentaje de aportes del 35% al 25%, por lo que habría un aumento del poder adquisitivo del salario en todo el pueblo trabajador.

Como podemos ver, el problema no es técnico sino político. La única manera de lograr jubilaciones dignas es aumentar el nivel de empleo formal. La salida, no es el ajuste ni la redistribución, es enfrentar el conflicto, romper con el modelo de saqueo impuesto por intereses extranjeros y avanzar hacia la industrialización de la Patria.

Rodolfo Pablo Treber es analista económico, trabajador del B.C.R.A. Militante por la liberación nacional.