Mediante una resolución los integrantes del Máximo Tribunal convocaron, entre otros, a representantes del Estado Nacional, de la Provincia de Buenos Aires, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), a la Defensoría del Pueblo y la Auditoria General de la Nación.

La medida se inscribe en el marco de la denominada «causa Mendoza», donde la Corte Suprema dictó sentencia en 2008 «con relación a las pretensiones que tuvieron por objeto la recomposición y prevención del daño al medio ambiente existente en el ámbito de la cuenca `Matanza-Riachuelo´» para lo cual ordenó «la puesta en marcha de un plan de saneamiento».

Esa tarea está en manos del Juzgado Federal de Quilmes, a cargo del magistrado Luís Armella, quien tiene «el ejercicio de las atribuciones necesarias para llevar a cabo las actuaciones destinadas a la fiel ejecución de las obligaciones impuestas» cuya «ingente función» fue evaluada por los ministros en la resolución.

Los ministros también dieron intervención al Defensor del Pueblo de la Nación, «a fin de expresar las observaciones que tenga respecto del grado de cumplimiento del plan de saneamiento hasta la fecha» y la Auditoria General de la Nación, «con el objeto de informar las dificultades que haya tenido para efectuar el control encomendado en el fallo».

La convocatoria lleva la firma del presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti, la vicepresidenta Elena Highton de Nolasco y los ministros Enrique Santiago Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Eugenio Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay.