Argentina, al igual que el resto de los países de Latinoamérica y del mundo, sufre en pleno siglo XXI condiciones de explotación laboral, trata de personas y esclavitud similares a las de la época colonial, principalmente en el sector rural y textil.
En 2012, las estimaciones más modestas calculaban que 500.000 personas trabajaban en Argentina en condiciones análogas a la esclavitud. Esta cifra fue aportada por asociaciones como la fundación La Alameda o el programa Esclavitud Cero, basándose en datos oficiales y en sus propias investigaciones.
El sector que más mano de obra esclava emplea en Argentina es el textil: el 78% de los talleres son informales, según cifras de la propia industria. Sólo en el Gran Buenos Aires se estima que existen unos 15.000 talleres clandestinos, cada uno de los cuales emplea a entre siete y diez costureros. La fundación La Alameda se encargó de denunciar a Puma, Adidas y un centenar de otras marcas de las que sus prendas van a parar a los más importantes shoppings del país.
Después le sigue el campo, donde el 60% de la mano de obra rural es informal, según la Unión Argentina de Trabajadores. Rurales y Estibadores (UATRE). En el sector rural, las condiciones de esclavitud abundan y muchas de las víctimas, a menudo menores de edad, provienen de las provincias del noroeste argentino, como Santiago del Estero, Tucumán o Jujuy.
Juliana Awada: ex primera dama argentina, empresaria textil y explotadora laboral
Uno de los casos que más resonó en los últimos años contó con acusaciones hacia los hermanos Daniel y Juliana Awada, por reducción a la servidumbre de costureros bolivianos en las reconocidas empresas Cheeky y Como Quieres que te Quiera.
Gustavo Vera, titular de La Alameda explicó en su momento: «fueron cuatro causas penales, pero a pesar de las cuantiosas pruebas, las mataron». Todas comenzaron tiempo antes de que Awada se convierta en Primera Dama, «pero perduraron en el tiempo».
Una de ellas, iniciada en 2007 junto al Gobierno de la Ciudad de ese momento y la Defensoría del Pueblo, contó con el sobreseimiento de los acusados otorgado por el ex Juez Federal Guillermo Montenegro. Poco tiempo después, renunció a su cargo de magistrado y asumió como ministro de Seguridad y Justicia de la ciudad, cuando Macri ganó las elecciones porteñas.
Las cifras son alarmantes: el 80% de la ropa proveniente de la industria textil es ilegal. Buena parte se produce en talleres clandestinos ubicados en la capital del país y provincia de Buenos Aires, con trabajadores tanto de Bolivia, como del norte de Argentina.
El trabajo rural en Argentina en 2021
Los altos índices de vulnerabilidad en el ámbito rural reflejan que este sector casi no tiene llegada a la Justicia. Las y los trabajadores rurales, muchas veces niños y personas que no fueron escolarizadas, sufren dificultades para presentar demandas y lo que es peor: casi no conocen sus derechos laborales.
Tanto el noroeste, provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero, como el nordeste argentino: Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones, son los territorios más críticos en cuanto a este flagelo, sumados a sectores de la provincia de Buenos Aires.
Marzo:
A mediados del mes de marzo de este año, más de cien trabajadores rurales fueron rescatados en distintos operativos realizados en campos de las provincias de San Juan y Corrientes, donde se encontraban en condiciones infrahumanas, dormían hacinados, sin agua potable, con hambre, sin baño y varios de ellos contagiados con sarna. Esta denuncia fue realizada por voceros gremiales.
Gracias a dicha denuncia, en la zona de Sarmiento, se detectaron 140 trabajadores traídos desde el norte del país “por personas sin escrúpulos, para la cosecha del olivo», según informó el secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), José Voytenco, a través de un comunicado.
El dirigente agregó que esas personas «estaban viviendo en condiciones infrahumanas y de extrema vulnerabilidad, entre los cuales había 11 niños.
«Todavía hoy a esta altura de la historia hay quienes dicen que exageramos cuando decimos que hay explotación laboral y trata de personas en el campo”, agregó.
En tanto, en Corrientes, también fueron hallados trabajadores forestales traídos desde la provincia de Misiones. Se encontraban en condiciones calamitosas, sin cobrar salarios desde el mes de enero, “al borde de la desesperación, al punto que cuando llegaron los inspectores lo primero que hicieron fue pedirles comida porque estaban en estado de inanición, en medio de la plantación y sin comida por varios días”, indicó Voytenco.
“Estos operativos, realizados en dos provincias y en actividades distintas, tienen el común denominador de la explotación laboral, la trata de personas y el trabajo infantil”, remarcó y sostuvo que desde la Uatre «no vamos a dejar de luchar contra esta vergüenza nacional que es el trabajo en negro en el campo argentino”.
En marzo, otros 17 trabajadores fueron rescatados en Santiago del Estero. El allanamiento fue realizado en la finca llamada “Cabras Argentinas”, ubicada a 10 km de la Ciudad de Quimili, del predio que posee 13 mil hectáreas y tienen plantaciones de soja, maíz, sorgo y actividades de ganadería. Allí se rescataron víctimas de trata con fines de explotación laboral de los cuales 8 eran menores de edad.
La realidad de todos estos trabajadores y trabajadoras rurales es la misma: extensas jornadas que superan el máximo legal permitido, salarios por debajo del convenio, falta de condiciones básicas de higienes y seguridad y un entorno completamente degradante e inhumano.
A los trabajadores de Santiago del Estero se les adeudaba varias semanas de pago y lo que objetivamente recibían era menos de la mitad del salario mínimo, vital y móvil por jornadas de desmonte que iban de sol a sol. Cocinaban con leña a la intemperie y dormían en carpas precarias entre alimañas. No contaban con agua potable y debían obtenerla de los bebederos de las vacas a 3 km de donde trabajaban, en el sector de ganadería. Los menores estaban siendo también explotados y habían abandonado la escuela.
Febrero:
El mes de febrero de este 2021 no fue muy diferente. A través de denuncias recibidas por UATRE y RENATRE, según informó el Comité, fueron rescatados 24 trabajadores oriundos de Santiago del Estero en Río Negro, en la producción de cebollas; en La Rioja fueron rescatados 40 trabajadores en la producción de aceituna; en Corrientes fueron rescatados 65 trabajadores oriundos de Misiones en la producción de resina; y en Santa Fe, 3 trabajadores del Chaco fueron rescatados en la producción de cebolla y lechuga.
El delegado de RENATRE y Secretario General de UATRE Viedma, Ricardo Ledo, manifestó que en la provincia de Río Negro, fueron encontrados «trabajadores con malas condiciones de vivienda, 15 de ellos hacinados en dos piecitas y la cocina, en cuyo piso dormían en dos colchones, sin agua potable, baños con cables colgando y sin techo». Con extensas jornadas laborales de entre 14 y 16 horas de lunes a lunes, claramente en situación de explotación laboral, todos los trabajadores sin registrar, y tres de ellos menores.
A partir de alertas de organizaciones sociales o sindicales y operativos de rutina realizados por RENATRE con delegados regionales del Comité Ejecutivo de lucha contra la Trata y Explotación de Personas, se detectaron y rescataron además, durante el febrero pasado 132 víctimas de grave explotación laboral en las provincias de La Rioja, Corrientes y Santa Fe.
En La Rioja fueron rescatados 40 trabajadores en la producción de aceituna; en Corrientes fueron rescatados 65 trabajadores oriundos de Misiones en la producción de resina y en Santa Fe, 3 trabajadores del Chaco fueron rescatados en la producción de cebolla y lechuga.
Enero:
Enero también se le pareció bastante: empresarios dedicados a la producción de frutos rojos, mantenían en condiciones inhumanas y explotaban a 150 trabajadores y sus hijos e hijas, aprovechándose de la extrema situación de necesidad y vulnerabilidad en las que se encontraban.
El delito que se les imputó es el de trata de personas con fines de explotación laboral. Pero a pesar de la gravedad del delito, continúan en libertad.
La investigación comenzó en la Fiscalía Federal N°1 de Mar del Plata, a cargo de Laura Mazzaferri, y en la misma colaboró la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). El Juzgado Federal N°1 de dicha jurisdicción, a cargo de Santiago Inchausti, procesó sin prisión preventiva al presidente, la vicepresidenta y dos encargados de recursos humanos de la firma dedicada a la producción de frutos rojos, por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral.
En la resolución se tuvo por acreditado que los imputados se aprovecharon de la situación de extrema vulnerabilidad de al menos 150 personas que trabajaban en distintos predios hortícolas durante jornadas de hasta 16 horas, por lo que recibían salarios inferiores a los estipulados por las normas laborales vigentes, entre otras circunstancias.
A partir de distintas medidas de investigación se pudo acreditar que 150 trabajadores de los predios hortícolas de la firma, ubicados en Sierra de los Padres, Tandil y la localidad correntina de Bella Vista, vivían en campamentos aledaños. La mayoría de estas personas eran oriundas del norte argentino y de Bolivia, que en algunos casos, padecían además de la pobreza, las consecuencias de una situación migratoria irregular.
El juez Inchausti, consideró probada la hipótesis fiscal de trata de personas con fines de explotación laboral, pero a pesar de esto no dictó la prisión preventiva, y sólo les trabó un embargo por $50.000.000.
Jujuy: la familia Blaquier, la imagen viva de la oligarquía argentina
La explosión de casos de coronavirus en la Provincia de Jujuy desnudó los niveles de desidia con los que abordó la problemática de los contagios de los trabajadores en tiempos de pandemia la corporación económica de la familia Blaquier, a través de su Ingenio Ledesma.
Los contagios entre las y los trabajadores registrados de la planta industrial de la compañía fueron tomando carácter público nacional por las denuncias de las organizaciones gremiales que alertaban sobre la falta de protocolos y licencias a la población de riesgo asumidas por el Ingenio Ledesma sobre sus trabajadores.
Mucho más invisibles son, además, los casos de los “jornaleros” o “trabajadores eventuales” del sector agrario.
Apenas habían pasado unos días del aislamiento social, preventivo y obligatorio y las fotos que mostraban a los trabajadores del ingenio Ledesma trasladados en colectivos sin ningún tipo de protocolos, remarcaban la impunidad, y la falta de moral y ética de la empresa de los Blaquier para con los trabajadores.
“Los asalariados y asalariadas de la agricultura, y particularmente el segmento de “jornaleros” o trabajadores temporarios, constituyen una población altamente vulnerable por la coexistencia más o menos generalizada de trabajo inestable y precario, las condiciones sociales y de vida, y el limitado acceso a servicios de salud por parte de la población rural en general, y de estos sectores en particular”, advirtió Guillermo Neiman del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL) del CONICET.
En su investigación sobre “la vulnerabilidad laboral y el impacto de la pandemia del Covid” publicada por Clacso, realiza una narrativa sostenida sobre el duro impacto en las poblaciones rurales y trabajadores rurales en zonas urbanas que trajo la pandemia.
Por eso, señala que “las condiciones de precariedad laboral y de pobreza que afectan a una mayoría de hogares de los trabajadores agrícolas en general y de los ocupados en forma temporaria en especial, los convierten en grupos particularmente expuestos ante la difusión de la enfermedad, pero también con mayores restricciones para enfrentarla por limitaciones de acceso a los servicios en general y de la salud en particular.”
Si bien en su informe destaca que el trabajo no registrado alcanzaría en el sector al 50% de los trabajadores, señala además que desde el año 2015, durante el gobierno de Macri, se ha edificado un deterioro sustancial de los ingresos mínimos del sector. Dicha condición económica, es un antecedente directo de cómo los trabajadores eventuales de la ruralidad han llegado a esta situación de pandemia.
La ruralidad en la Argentina, romantizada por años bajo el mito del “granero del mundo”, o “el campo somos todos” oculta el oscuro trasfondo de los trabajadores que hacen posible que los alimentos lleguen a la mesa, sin ninguno de sus derechos laborales garantizados ni cumplimentados en la mayoría de los casos.
Estas trabajadoras y trabajadores acumulan siglos de maltrato laboral, humillación, sometimiento y condiciones de esclavitud. Con carencias en materia de salud y educación, con un deterioro en las condiciones físicas acumuladas por años de trabajo en condición insalubre y expuestos a las consecuencias determinantes de los agrotóxicos utilizados para asegurar el producto que cosechan.
Ante cualquier denuncia por malas condiciones de trabajo, trabajo infantil y/o explotación laboral, el RENATRE cuenta con la página www.renatre.org.ar o la línea gratuita 0800-777-7366, donde podrán ser atendidos en forma anónima por profesionales capacitados en la materia.
