Lxs economistas tendemos a pensar que el neoliberalismo es un conjunto de políticas económicas, cuyos efectos desastrosos conocemos bien en Argentina, y que sólo hace falta cambiar la orientación de la política macroeconómica para trascender el neoliberalismo. Sin embargo, el neoliberalismo es mucho más que un conjunto de políticas económicas. Es un sistema de dominación político y económico que ha transformado profundamente la vida en los países capitalistas. Las estructuras sociales, políticas, judiciales, mediáticas y económicas sufren transformaciones que son muy difíciles de revertir y que garantizan la continuidad del colonialismo financiero al que son sometidos los países periféricos, aunque voten gobiernos de corte popular. A esto se suma un fuerte componente ideológico, instalando una serie de sentidos comunes que enfatizan el individualismo insolidario, el “sálvese quien pueda”, y una visión en lo económico profundamente ortodoxa y fiscalista.
Quizás el garante más conocido, aunque por cierto no el único, de este nuevo orden de colonialismo financiero internacional sea el Fondo Monetario Internacional (FMI). Las condiciones para sus préstamos, a los que acceden países miembro en crisis, son siempre reformas económicas de neto corte neoliberal: liberalización financiera y comercial, privatización de empresas estatales, servicios públicos y sistema previsional, desregulación (“flexibilización”) laboral y otras reformas orientadas a dar más poder al capital internacional a expensas de lxs trabajadorxs y del propio Estado.
La negociación actual entre el gobierno de Alberto Fernández y el FMI es un ejemplo clave de este sistema de dominación, con ribetes que lo tornan escandaloso. El otorgamiento del crédito del FMI al gobierno tambaleante de Mauricio Macri incurrió en una cantidad de gravísimas irregularidades que tornan necesario el debate sobre la legitimidad del crédito, si corresponde devolverlo y, en caso de que se decida que sí, en qué plazos y bajo qué condiciones.
Las múltiples irregularidades del préstamo del FMI
Cuando en el primer trimestre de 2018 se cerraron los mercados financieros internacionales poniendo fin al vertiginoso proceso de endeudamiento del gobierno de Macri, el país se encontró virtualmente ante una situación de cesación de pagos. Para intentar evitar esto y la crisis que inevitablemente resultaría, Macri recurrió desesperadamente al FMI. Y el FMI accedió, pero, al hacerlo, cometió múltiples irregularidades violando su propio estatuto y normativa para favorecer a un “gobierno amigo” de Trump y del colonialismo financiero.
¿A qué irregularidades y violaciones regulatorias nos referimos? En primer lugar, el monto del préstamo acordado en un acuerdo stand-by, fue por U$57.000 millones de dólares (U$50.000 millones en el acuerdo inicial, al que se le agregaron U$5.700 millones más en un segundo acuerdo unos meses después). Según la normativa del FMI, el monto máximo para un préstamo stand by normal no debe exceder el 145% de la cuota en un año, y el monto total no puede exceder 435% de la cuota. La cuota de la Argentina es de 3.187,3 DEG que en dólares equivale a aproximadamente a U$4.460, o sea que el préstamo fue por un total de aproximadamente 1100% de la cuota, muy por arriba de los topes máximos establecidos en la normativa.
En segundo lugar, el monto del préstamo del FMI a la gestión macrista excedió el 60% de su capacidad crediticia, cosa que también está prohibida por la normativa de la institución financiera que estipula que la asistencia un país no puede exceder el 50% de los fondos disponibles para ese propósito.
Tercero, el FMI acordó prestarle al gobierno de Macri aun cuando los propios técnicos del Fondo, en sucesivos informes elaborados antes del desembolso de cada tramo del préstamo, calificó a la situación de endeudamiento argentino como de baja probabilidad de ser sustentable. Ante esta evaluación, hubiese correspondido que el FMI, antes de otorgar un préstamo de esa excepcionalidad, exigiese que Argentina reestructure su deuda privada, estrategia que el FMI venía implementando en otros países. Sin embargo, nada de eso ocurrió en Argentina, más bien lo contrario: ante una situación de deuda insostenible y virtual default, el FMI prestó U$57.000 millones más.
Cuarto, a medida que el FMI fue realizando desembolsos del crédito al gobierno de Macri, se hacía evidente que los fondos desembolsados estaban siendo utilizados para financiar la fuga de capitales, como había ocurrido a fines de la década de 1990. El artículo VI del estatuto del FMI prohíbe expresamente que el organismo otorgue préstamos para esos usos. A pesar de ello, el FMI siguió desembolsando los distintos tramos del préstamo, efectivamente financiando la fuga de capitales.
Esto mismo le dijo Alberto Fernández, cuando era candidato en 2019, a la delegación del FMI que se reunió con él, según consta en el comunicado de prensa que resultó de la reunión. El propio Macri en una entrevista reciente con la cadena CNN admitió que el préstamo del FMI había sido otorgado para que los fondos de inversión extranjeros pudiesen salir de sus posiciones en bonos argentinos y llevarse los dólares al exterior. La fuga de capitales y el rol activo del FMI en ese proceso también está documentada en una investigación llevada a cabo por el Banco Central de la República Argentina, informe que sirvió para iniciar una causa judicial que, lamentablemente, parece estar olvidada en algún despacho judicial.
Por último, Mauricio Claver Carone, actual presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y representante de EE.UU. en el directorio del FMI durante el gobierno de Trump, dijo sin tapujos que el préstamo del FMI a Mauricio Macri fue un préstamo político, ya que Trump apostaba por la continuidad de Macri en el poder. El propio Macri, en una entrevista reciente, declaró que el préstamo del FMI fue para garantizar la “transición”, o sea, para poder pasar sin sobresaltos el 2018 y 2019 y ganar las elecciones presidenciales. Un financiamiento directo a la campaña presidencial de Mauricio Macri.
Por si lo anterior fuera poco, en una entrevista reciente el ex presidente Macri tuvo el descaro de afirmar que él hubiera resuelto el “tema del fondo” en 5 minutos. Muchxs lógicamente, lo tomaron con sorna, pero en realidad es una confesión de parte gravísima. Porque Macri dijo algo más. Dijo que el esquema de vencimientos actual (de casi 20 mil millones de dólares en 2022, por ejemplo) fue deliberadamente acordado con el Fondo por miedo a que en las elecciones triunfe el populismo. Es decir, hay un reconocimiento explícito de que se acordó un esquema de pagos imposible para complicar a un eventual gobierno que no fuera el suyo (o alguno de la simpatía del Fondo).
¿Qué hacer?
El FMI apostó fuerte a la continuidad del gobierno de Macri cometiendo múltiples y groseras irregularidades y violaciones de su normativa. Apostó y perdió. Esto llevaría a pensar que la Argentina está en una posición de gran fortaleza para negociar con el FMI. ¿Corresponde devolver el préstamo? Y, si se decidiese que sí corresponde, ¿en qué términos (quita, plazos etc.)?
Las señales que emanan del gobierno sobre el tema son mixtas, y algunas preocupantes. Parecería ser que la expectativa de máxima es la eliminación de la sobretasa que se le cobra a los países que obtienen préstamos mayores a los permitidos por su cuota y la extensión de los plazos de pago. Nada se dice de los condicionamientos tradicionales que el fondo impone para cualquier acuerdo ni de las groseras irregularidades incurridas. De hecho, el fiscalismo que exhibe el Ministerio de Economía, señalado por la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, es una señal preocupante en este sentido.
El FMI aduce que por estatuto está vedada una moratoria, o una eliminación de sobretasas, o una extensión de plazos más allá de la década. Sin embargo, el FMI violó su normativa muchas veces para otorgar el préstamo, ¿a la hora de negociar el repago no puede mostrar algo de flexibilidad? O sea: el estatuto es flexible a la hora otorgar créditos a gobiernos amigos del colonialismo financiero, pero inflexible a la hora de devolver esos créditos.
Nosotros creemos que están dadas las condiciones para una negociación dura, tomando posturas acordes a las irregularidades cometidas en todo el proceso. Con respecto al FMI, ¿corresponde pagar? El préstamo plagado de irregularidades del FMI fue una apuesta a la continuidad de Macri y una herramienta explícitamente diseñada para condicionar la democracia argentina. El FMI, y Macri, por suerte perdieron. ¿Desde cuándo le toca al gobierno y al pueblo argentino hacerse cargo de las pérdidas generadas por semejante apuesta?
Ante esta inflexibilidad del FMI, las opciones son dos. La primera es directamente no pagar las pérdidas generadas por su apuesta fallida. La segunda es pagar, pero decidiendo unilateralmente las condiciones y los términos de repago. Por ejemplo: cero interés (a modo de quita), plazo de repago de 25 años con 6 años de moratoria. Como se dice en el cine: tómalo o déjalo.
Por último, y aunque la opción fuese pagar, se torna necesaria una auditoría a fondo de la fuga de capitales y de las condiciones de la toma del préstamo. El pueblo argentino no tiene por qué hacerse cargo de la tremenda deuda que generaron unxs pocxs y que no resultó en beneficio de las mayorías. El BCRA identificó el monto de la fuga. Apenas el 10% de los compradores de divisas (hablando de personas físicas) compraron 47 mil millones de dólares, un 63% del total de la compra para este tipo de sujetos. Es necesario conocer los nombres y apellidos de lxs fugadorxs, los procesos mediante los cuales fugaron los capitales, y si fueron debidamente declarados ante el fisco. A partir de esta información se podrá iniciar un proceso de evaluación integral de la deuda y cómo proceder.
También es clave iniciar un debate profundo, con denuncias penales incluidas como punto central (que sean “empujadas” por el Poder Ejecutivo si siguen durmiendo el sueño de los justos), contra quienes no solo contrajeron el préstamo sino que manifiestan públicamente que acordaron conscientemente condiciones para condicionar a futuros gobiernos violando explícitamente la constitución nacional. Es imposible generar los consensos necesarios y revertir la tan mentada y efectivamente adversa correlación de fuerzas sin hacernos cargo de los conflictos que son urgentes.
Si realmente buscamos la independencia económica, la justicia social y la soberanía política es menester ejercerla, porque nadie la regala. Ha llegado la hora de comenzar a romper con el colonialismo financiero, el impuesto desde afuera y el ejercido por los cipayos locales.
Alan Cibils y Germán Pinazo son economistas, de la UNGS, militantes de Compromiso Federal. Nota originalmente publicada en Revista Mugica.