Como si fuera su casa, en los cinco días de trabajo, los enviados del FMI analizaron las cuentas públicas, las demandas del sector privado y el dañado entramado social tras varios años de caída de la actividad económica y el efecto de la actual pandemia; y escucharon a miembros de la oposición, sectores económicos y la sociedad civil.

Tuvieron el privilegio del que carecen un sinnúmero de organizaciones representativas de la Argentina de ser recibidos por una gran cantidad de funcionarios de primera y segunda línea del gobierno nacional.

Las cámaras empresarias, el movimiento obrero reunido en la CGT, el Movimiento Evita y funcionarios provinciales, se acercaron a la comitiva para mantener reuniones cargadas de una retórica lavada, en la que poco se dice, pero que habla por sus gestos concretos y contundentes.

En otro tiempo histórico de la Argentina, las comitivas del FMI, debían transitar por el país con nutrida custodia policial; las protestas sociales y los movimientos que quizás hoy se reúnen en su mesa, ocupaban las calles del país con la certeza de que no existe nada bueno en la intervención política y económica del organismo en el país para el destino de los mas humildes.

En cada uno de los encuentros, a los enviados, se sumaba el representante permanente del FMI en la Argentina, Trevor Alleyne, quien incluso posee oficinas instaladas en despachos oficiales de nuestro país.

Según informa la agencia de noticias Télam, «durante su estadía, Kozack, Cubeddu y Alleyne mantuvieron encuentros técnicos con el ministro de Economía, Martín Guzmán; el presidente del Banco Central, Miguel Pesce; el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; el secretario de Energía, Darío Martínez; el secretario de Relaciones Institucionales del Gabinete y dirigente del Movimiento Evita, Fernando «Chino» Navarro y el secretario de Economía Social de Desarrollo Social, Emilio Pérsico; legisladores como el vicepresidente primero de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, Luciano Laspina; y representantes de la sociedad civil; y, este fin de semana, con economistas privados.»

También mantuvieron encuentros con la Unión Industrial Argentina, encabezados por su presidente Miguel Acevedo. Para graficar la retórica vacía con la que habitualmente el FMI aborda la comunicación pública, y así lo exige a las autoridades locales, la agencia pública de noticias Télam destacó que en dicho encuentro «se abordaron los ejes vinculados a la inversión productiva, la competitividad integral, la productividad, la infraestructura, la formalización progresiva de la economía, la creación de empresas y el nuevo ecosistema laboral pospandemia.»

Cada uno de esos eufemismos, esconden el reclamo de la UIA al FMI tendiente a que el organismo presione al gobierno argentino para que las grandes empresas que no son de capitales norteamericanos puedan pagar, también, menos impuestos y tener libre acceso a la fuga de capitales.

De hecho, Acevedo le pidió al FMI que le reclamara al gobierno nacional que «libere» el tipo de cambio del dólar «contado con liqui».  Un dólar al que apenas acceden 25 grupos económicos que cotizan en bolsa y que en la jerga se lo conoce como «dólar fuga», por ser el instrumento óptimo de las grandes empresas para fugar capitales del país.

Al mismo tiempo, la UIA le reclamó al FMI que le exigiera al gobierno que mantuviera salarios bajos medidos en dólares. El eufemismo de la «competitividad» desnuda esa premisa.

La mitología neoliberal que abraza el FMI, enseña que para que una empresas pueda ser competitiva en el mercado internacional, se puedan promover exportaciones y se asegure el ingreso de dólares, los salarios tienen que ser bajos. Al mismo tiempo, asegurar las inversiones, requiere que se puedan girar utilidades sin restricciones al extranjero, algo que el gobierno comenzó a autorizar paulatinamente a sectores corporativos mineros y petroleros, con el fin de asegurar la rentabilidad de las empresas multinacionales.

En forma elocuente, la comunicación oficial de la UIA y el FMI señala «la necesidad de mejorar el perfil exportador del país a través de un sistema tributario que potencie la agregación de valor y los activos productivos en materia de industria, agro, servicios, energía y minería».

Algo similar escucharon el viernes en el encuentro que mantuvieron con los miembros de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara), con quienes dialogaron sobre la «necesidad de mejorar el clima de negocios e inversiones que hoy no hay» y el rol del Consejo Agroindustrial para promoverlo.

Con la mira puesta en los salarios, el FMI se reunió con la cúpula de la CGT,  encuentro del que también participó la CTEP como organismo representativo de los «salarios social complementario» que reciben aquellas personas que no trabajan o se inventan su propio trabajo para sobrevivir.
Con la retórica intacta, la conducción de la CGT rechazó la implementación de reformas estructurales laborales, reducción de jubilaciones y empleos públicos, y planteó mediante un documento que «la deuda no puede pagarse a expensas del sacrificio y la pobreza de los trabajadores».

Sin embargo, mas allá del rechazo a las «reformas estructurales» la demanda del FMI es mantener disciplinado el salario medido en dólares. Incluso, en la agenda del FMI con los funcionarios representativos de las organizaciones sociales, se discutió un aumento en los ingresos de las personas desocupadas.

Sucede que el salario social complementario se encuentra anclado en 8.500 pesos, la mitad del salario mínimo vital y móvil. Medido en dólares, al inexistente cambio oficial, significan 100 dólares. Pero al cambio ilegal, pero real, significan 50 dólares. Poco menos que 45 euros, una suma que en cualquier otro país resultaría indignante.

La destrucción de los ingresos populares, la devaluación en marcha de la moneda nacional, le permite al FMI hasta reconocer la necesidad de incrementar los ingresos populares en el país.

Argentina, luego de cuatro años de Mauricio Macri pasó de tener el salario en dólares mas alto de Latinoamérica, al segundo mas bajo. Y con la devaluación del 30% de la moneda desde la llegada del nuevo gobierno, y sin actualización de los ingresos, el salario actual se encuentra menos que por el piso.

Desde la miseria en que se encuentra sumergida la Argentina, está claro que el FMI tiene poco margen para seguir exprimiendo la dramática situación social en el país. Sin embargo, la privatización de zonas rentables de YPF, el disciplinamiento de la recuperación salarial, la garantía de bajos impuestos para las grandes empresas y el acceso a la fuga de capitales, siguen en agenda de un organismo del que siempre se proclama que ha cambiado, pero jamás lo puede demostrar.

¿Cambió el FMI?

El Fondo Monetario Internacional carga en su mochila con una historia nefasta para el destino de las mayorías populares en los países en los que interviene con sus condicionamientos económicos.

Las medidas que asume el FMI tienen como objetivo asegurar que los Estados Nacionales tomen una y cada de una de las decisiones que aseguran la rentabilidad del puñado de corporaciones multinacionales que cuentan en sus carteras los recursos estratégicos de la mitad del planeta.

La rentabilidad de las grandes empresas se consolida con salarios bajos, ventajas fiscales, garantía de asegurar el giro de sus ganancias al extranjero, baja regulación del segmento productivo que explotan, y desde ya, el diseño de un Estado débil, con pocos recursos para asegurar ingresos masivos a la población.

Su filosofía resulta inmutable desde su constitución, y nada indica que en cada oportunidad en que algún emergente de las corrientes económicas ortodoxas llega a su conducción, la política de intervención y saqueo de los recursos nacionales se modifique.

Sucede que, aquellos que buscan acordar condiciones con el FMI de manera amable, saben que el único camino es aceptar sus condicionamientos. Precisan justificar en términos políticos a la población el acuerdo que buscan alcanzar en condiciones amables con un organismo multilateral que, de amable, no tiene nada.

Por esa razón, cada vez que se presenta una nueva intervención del FMI, se habla que la crisis crónica, cualquiera sea su fase, le permite ver las cosas desde otra óptica, que su nueva autoridad tiene una filosofía distinta, etc. Excusas para presentar de manera amable a un organismo multilateral que dejará a su paso condiciones funestas para el destino de la mayoría de la gente del país en el que realiza un préstamo.

 

“Gracias a Dios que está Kristalina”

Con ese latiguillo, que la historia lo recordará, Alberto Fernández anunció que iniciaba conversaciones con los acreedores externos para luego avanzar en un acuerdo de reestructuración de la deuda externa con el FMI.

La referencia es a Kristalina Georgieva, actual directora gerente del FMI, quien abusa de las palabras vacías para referirse al destino del organismo. Nada mas alejado que lo realizado anteriormente por cualquier otro director gerente del organismo.

Por mucho que se esfuerce Georgieva, y aunque se disfrace de bondad el FMI, las condiciones que reclaman son exactamente las mismas.

Luego de la intervención en Argentina, el FMI intentará irse con un salario promedio y mínimo en dólares más bajo del que llegó, con una monedad aún mas devaluada para transformar en efímeros las necesidades de inversión, con restricciones leves para la fuga de capitales y con un deterioro en las condiciones de prestación de los derechos de la previsión social por parte del Estado.

Si no hay reforma tributaria, que haya exenciones para determinadas corporaciones, como aquellas que se dispusieron de baja en la retenciones de los un puñado de grandes empresas exportadoras.

Si no hay reforma laboral, que haya convenios colectivos bajo el disfraz de la productividad o sostenibilidad, conceptos en los que se esconde poner por encima de la necesidad de recomponer el salario, la exigencia de rentabilidad de la empresa. En ese sentido, avanzó YPF con el sector petrolero, o las discusiones salariales en el Estado para generar referencia.

Si no hay privatizaciones, que haya procesos de transferencia de resortes económicos estratégicos hacia las corporaciones multinacionales por el camino de la “inversión privada externa”, que debe ser alentada con menos salario, y menos presión tributaria.

Es probable que el FMI, cuando decidamos echarlo de la Argentina, el país habrá transitado un ciclo de agravamiento de las condiciones sociales, mas pobreza, peores salarios y un deterioro de los resortes del Estado para optimizar la economía. Y sucederá, conduzca quien conduzca los destinos del organismo multilateral.