Hugo Moyano cuestionó hoy a un camarista del fuero laboral que interviene en el proceso iniciado por la validez de su elección como titular de la CGT Azopardo. De esta manera lo acusó de ser el esposo de una funcionaria del Ministerio de Trabajo a quien él denunció penalmente.

Juan Carlos Fernández Madrid, de la Sala VI de la Cámara laboral, es a quien Moyano señaló que es esposo de la funcionaria María Granda, a quien él imputó en una denuncia penal que tramita en el juzgado federal de Rodolfo Canicoba Corral por avalar junto con Carlos Tomada la elección de Antonio Caló como titular de la denominada CGT Alsina.

Fernández Madrid junto con sus pares Estela Milagros Ferreirós y Luis Raffaghelli deben resolver una recusación interpuesta por Moyano contra los integrantes de la Sala V de la Cámara Laboral, en donde tramita el expediente en el cual los denominados «gordos» impugnaron la elección del titular de la CGT Azopardo.

Pero ahora Moyano pidió separar a Fernández Madrid, uno de los jueces que debe expedirse sobre esa recusación contra la Sala V.

«Se excuse el mismo de entender en estos obrados por la violencia moral que implicaría resolver estas actuaciones en tanto en la denuncia criminal, uno de los funcionarios imputados resulta ser María Granda, esposa del doctor Diego Fernández Madrid», sostuvo Moyano.

Además pidió en su presentación que «se haga lugar a la solicitud de abstención respecto de la continuidad de la tramitación de las presentes actuaciones judiciales, dada la prejudicialidad».

El expediente que tramita en el fuero Laboral tuvo su origen en una presentación ante el Ministerio de Trabajo de los «gordos» opositores a Moyano y liderados en este caso por el titular del Sindicato de Empleados de Comercio, Armando Cavalieri.

Luego de que el Ministerio de Trabajo hiciera lugar a la impugnación contra el congreso convocado por Moyano que lo consagró electo el 12 de julio como titular de la CGT Azopardo, el expediente recayó hace dos días en la Sala V de la Cámara laboral, integrada por los jueces Enrique Arias Gibert, Oscar Zas y María García Margalejo.

En paralelo, Moyano interpuso una denuncia penal contra Tomada y otros funcionarios por supuestamente convalidar la elección de Caló, y esa causa avanza a raíz de que Canicoba Corral pidió una serie de medidas en los últimos días.