“El Estado Nacional mañana (por hoy) va a apelar esta resolución planteado la incompetencia de la Cámara Civil y Comercial y también la nulidad de la cautelar dictada” indicó el ministro de Justicia, Julio Alak en declaraciones realizadas anoche en el programa 6,7, 8 de la Televisión Pública.

Señaló además que “la Cámara Civil y Comercial se declara competente en temas que no tiene competencia, porque de acuerdo a la ley de competencias de la Justicia argentina, no tiene competencia en cuestiones que son claramente contenciosas y administrativas, como este caso”.

“La ley 13.998 dice claramente que para impugnar un acto de la administración pública hay que recurrir al fuero contencioso y administrativo como también para impugnar un acto licito del Estado, del Poder Legislativo como es una ley”, afirmó y agregó que “la Cámara Civil y Comercial se ha declarado competente siempre en cuestionamientos al Estado argentino y además ha tenido la modalidad de sacar medidas cautelares siempre en contra del Estado y a favor de corporaciones”

El funcionario aseveró que “el gobierno en el año 1991 lo transfirió el predio en 30 millones de dólares y encima la Sociedad Rural no lo pagó por lo tanto lo que dice la Presidenta, es que hay un sector de la Justicia, que hace lugar a los reclamos de las corporaciones por sobre las leyes o los decretos, actos del estado que tiene presunción de legitimidad”

“Este sector de la Justicia impone el interés corporativo y económico por sobre las instituciones democráticas, por eso están limitando a los poderes democráticos que tiene un base de legitimidad amplísima porque al Poder Ejecutivo y Legislativo lo elige la gente”, agregó.

El titular de la cartera judicial afirmó que “el fallo pone una vez sobre la mesa de discusión como puede haber sectores en la Justicia que sean rápidamente presurosos para sacar medidas cautelares, que se dicta sin participación del Estado, en el caso del predio de la Rural  tomó solamente los argumentos de la Sociedad Rural y disparó una cautelar sin haberle dado traslado al Estado”.

Además, advirtió Cámara Civil y Comercial “no consideró la causa penal que se tramitando en donde están imputados los directivos de la Sociedad Rural de entonces, más los funcionarios del Ministerio de Economía que entregaron ese predio a un precio vil, donde no se tuvo en cuenta la valuación del Tribunal de Tasación de la Nación”.

“Estamos en presencia de un grupo económico poderoso que se apropia de un bien del Estado a precio vil, que no lo paga, encima evade porque no le paga a la AFIP y logra que la Cámara Civil y Comercial, la misma sala que suspendió la aplicación de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, le saque una medida cautelar para mantener la continuación de hecho criminal en posesión de los que compraron a un precio vil y no pagaron”, concluyó.