Política

Impulsan Proyecto de Ley de salud mental

El mismo está en debate en la Cámara Alta y tuvo media sanción en Diputados por unanimidad. Desde la Subsecretaría de Promoción de Derechos Humanos consideran que las personas con padecimiento mental “son víctimas de la fragilidad normativa, la burocratización institucional y prácticas reduccionistas que reproducen modelos de encierro tutelar bajo la forma tradicional de la manicomialización, en clara violación a los derechos humanos”.

Se inauguró la jornada de impulso a la Ley Nacional de Salud Mental en el Salón Emilio Fermín Mignone de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación con el objetivo de promover la promulgación del proyecto de ley de Salud Mental, que se trata en el Senado y entiende que el derecho a recibir atención integral de la salud mental es una cuestión de derechos humanos.En este sentido, la directora nacional de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la Secretaría de Derechos Humanos, Victoria Martínez, sostuvo hoy que “esta iniciativa no es sólo de la Secretaría de Derechos Humanos (SDH), sino también de un grupo  de organizaciones y organismos con los que venimos trabajando desde hace muchos años en distintas actividades no sólo para el impulso de la Ley Nacional de Salud Mental sino también para la revisión y transformación de nuestras prácticas en salud mental con perspectiva de derechos humanos”.La iniciativa dará respuesta a los derechos humanos con garantía no sólo de los pacientes sino de toda la comunidad en su conjunto. Según Martínez: “La Secretaría toma este tema porque, justamente, el Estado argentino ha ratificado los instrumentos internacionales de derechos humanos -que tienen jerarquía constitucional-  que nos obligan a desarrollar políticas públicas con ese enfoque”. También se refirió al acceso al derecho a la salud mental, teniendo en cuenta que la garantía de respetar los derechos humanos de los pacientes afectados -como integrantes de la comunidad- es una prioridad que debe estar en toda política pública.  Asimismo, destacó el trabajo de la Mesa Federal de Salud Mental, Justicia y Derechos Humanos, como así también el de las organizaciones de pacientes y profesionales, el apoyo técnico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el impulso de las acciones realizadas, y el trabajo en el interior del país con cada una de las regiones, “en donde muchas provincias son precursoras de estas políticas”. Por su parte, la subsecretaria de Promoción de Derechos Humanos, Marita Perceval, acompañó el impulso al proyecto de ley, destacando el protagonismo de organizaciones y organismos que construyeron capacidad para demandar y contribuir con la creación de la ley de salud mental que Argentina necesita. Perceval reconoció la necesidad ética, social y política de superar situaciones cotidianas en las que las personas con padecimiento mental “son víctimas de la fragilidad normativa, la burocratización institucional y prácticas reduccionistas que reproducen modelos de encierro tutelar bajo la forma tradicional de la manicomialización, en clara violación a los derechos humanos”. Al respecto consideró que “la salud mental es una cuestión social”.

Proyecto de LeyEl actual proyecto de ley es el resultado de un proceso de intercambios, consensos, discusiones, errores y aprendizajes, transitado a lo largo de los últimos cuatro años entre la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, diversas Universidades, direcciones de Salud Mental de varias provincias, instituciones y servicios públicos de Salud Mental, organizaciones de usuarios y de familiares, organizaciones sociales y miembros de los Poderes Legislativo y Judicial.El proyecto de Ley que está en debate en la Cámara Alta y que tuvo media sanción en Diputados por unanimidad, se basa en principios internacionales de derechos humanos. Su autor, el licenciado Leonardo Gorbacz, explicó que, entre sus puntos principales, se destaca que reconoce la autonomía de las personas con padecimiento mental y su capacidad de decidir sobre lo que les acontece y lo que desean; establece la no discriminación de las personas por su situación de padecimiento mental, incluyendo la temática de adicciones como parte del campo, y fundando que las acciones de salud mental deben realizarse en una red de servicios de salud mental basados en la comunidad. Asimismo, recomienda la internación de personas como recurso terapéutico a utilizar sólo en situaciones excepcionales y en hospitales generales, promueve el trabajo interdisciplinario de los equipos de salud, sumando los saberes y respetando las incumbencias propias de cada profesión; se inspira y acompaña procesos de transformación en salud mental y derechos humanos desarrollados en provincias pioneras. La Ley, en síntesis, es resultado de un proceso de debate y construcción colectiva que comenzó en 2006 y que se refleja en la cantidad y representatividad de las adhesiones en apoyo a la sanción de la ley. Tras la mesa de apertura, en la que también se discutió lo que será el proceso de aplicación de la ley, se desarrollaron mesas de disertación que abordaron temáticas referidas a la legislación en salud mental, los alcances de la ley en las políticas públicas, el impacto de las prácticas en salud mental en la intersección con la justicia a la luz de la ley nacional y las perspectivas de familiares, usuarios, trabajadores y organizaciones no gubernamentales sobre la ley nacional.Participaron como panelistas, la senadora Liliana Fellner, el senador Samuel Manuel Cabanchik; el asesor del Ministerio de Salud de la Nación, Juan Sylvestre Begnis; el Presidente del INADI, Claudio Morgado; el asesor subregional de Salud Mental de la OPS, Hugo Cohen; y el director nacional de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud de la Nación, Yago Di Nella entre otros.