Esta vez, la disputa no fue por los 6800 millones de pesos anuales que provienen del manejo de los fondos judiciales, y que el macrismo decía que iba en detrimento de la entidad bancaria,  sino por los 8424 millones de pesos en sueldos que el gobierno porteño paga, cada 12 meses, a través de 124 mil cuentas bancarias. 

Esos depósitos son operados, hasta ahora, por la única entidad financiera que pertenece a la Ciudad desde 1878, cuando la entonces capital provisoria del país creó el Monte de Piedad, el organismo que a partir de 1904 fue bautizado como Banco Municipal de Préstamos y Caja de Ahorro, y luego como “el Ciudad”. 

Durante toda su historia, esta institución financiera pública fue la encargada de pagar los sueldos de los empleados porteños. Pero esa continuidad estuvo a punto de cambiar el martes pasado, cuando la gestión PRO quedó a un paso de abrir las ofertas de una licitación que se consumó en cinco días, para ofrecer a los principales jugadores del mercado financiero el “Servicio Bancario para el Pago de Sueldos mediante acreditación en Cuenta con Tarjeta de Débito”. 

La polémica operación fue momentáneamente suspendida, poco antes de una inesperada apertura de sobres y postergada para el próximo 18 de julio. 

El cambio de fecha fue dispuesto por el banco un día antes del paro que decretaron los trabajadores de la entidad en contra de la licitación, pero finalmente tampoco podrá concretarse el próximo miércoles 18, porque la jueza Elena Liberatori de Haramburu, titular del cuarto Juzgado Contencioso, Administrativo y Tributario de los tribunales porteños, decidió hacer lugar a un pedido de amparo que presentaron los nueve delegados generales de la Comisión Gremial Interna del Ciudad. La jueza impugnó el pliego y los montos. 

Según la sentencia, que fue notificada el viernes pasado al gobierno PRO y a los delegados, la jueza resolvió “hacer lugar” al pedido de suspensión de la licitación que presentaron los trabajadores. 

En la denuncia, los delegados bancarios  sostuvieron que el pliego licitatorio viola un artículo de la Constitución porteña y dos de la Carta Orgánica del banco, la misma que el PRO logró reformar dentro de la Legislatura porteña en noviembre pasado, para quedarse con parte de las ganancias netas del banco. 

De acuerdo a la querella, el artículo 55 de la Carta Magna sostiene que el viejo “Banco Municipal” es “banco oficial de la Ciudad, su agente financiero e instrumento de política crediticia, para lo cual tiene plena autonomía de gestión”. Ese espíritu constitucional es ampliado dentro la carta orgánica. El artículo 5 dice que “los fondos de la Ciudad correspondientes a todos sus Poderes, dependencias y reparticiones autárquicas deben ser depositados en el Banco”, mientras que el 7º aclara que la misma entidad también actúa como “agente pagador de títulos, haberes, deudas con proveedores y demás obligaciones del mismo”. 

Curiosamente, esas tres limitaciones legales nunca fueron mencionadas dentro del pliego de licitación que obliga a todos los bancos interesados a ofrecer, como mínimo, un canon mensual del 0,2% sobre los 702 millones de pesos en salarios que la Ciudad paga todos los meses a sus 124 mil empleados.  Esa cifra significa un piso mensual de 1,4 millones de pesos, y es la base que paga el Ciudad actualmente. 

Sin embargo, el pliego establece que cada entidad que quiera disputarle el servicio al banco estatal porteño deberá ofrecer un pago anticipado de dos a cuatro años, con desembolsos que van de los 33,6 a los 67,3 millones. 

Las  condiciones de la operación fueron revisadas por el tribunal de Liberatori, que consideró que el pliego sólo tiene fines “recaudatorios” y que viola las normas que denunciaron los trabajadores. 

Pero el fallo también pone en situación de desventaja al banco estatal porteño. “La licitación pide a los bancos competidores un mínimo de 20 sucursales, cuando el Ciudad tiene 50, y también sostiene que si el Ciudad gana, tiene que garantizar las condiciones más ventajosas del mercado, es decir, que siempre tiene que pagar más que la cifra que ofrezcan los otros bancos”, sostuvieron desde el tribunal. 

Para el fallo de Liberatori, esa regla es una cláusula gatillo que perjudica a los usuarios y “pone en mejor posición a los bancos que tienen peores condiciones, mientras que al Ciudad, que tiene mayores ventajas, lo obliga a mantener un promedio por encima de todos los bancos privados”. 

El sistema de ofertas, que fue habilitado con la firma del ministro de Modernización Andrés Ibarra, implicará el freno de la licitación por 90 días, una medida que no disipó las peores sospechas del tribunal y de los querellantes. 

“En noviembre pasado, el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, a cargo de Guillermo Montenegro, dio la primera prueba piloto de esta operación, cuando le pasó al Banco Galicia el pago de los sueldos de la mitad de los agentes de la Policía Metropolitana”, denunció José “Pepe” Peralta, ex miembro de la Comisión Interna del Ciudad. 

Desde el tribunal se hicieron la misma pregunta, ya que el pliego “en ningún momento establece que los bancos oferentes deban ser de capital nacional o extranjero”, un requisito que el Galicia cumpliría en ambos casos.  

 La pelea por el manejo financiero de los salarios de los 124 mil empleados públicos porteños sucede una semana después de la audiencia pública, donde se oficializó la presentación de los cuatro nuevos directores del Ciudad que realizó el Jefe de Gobierno porteño,  Mauricio Macri a propuesta de la Legislatura. 

En ese elenco, que hasta ahora no fue impugnado, están los macristas Alicia De Antonis, ex síndica del Ciudad,  y Miguel Braun, actual presidente de la Fundación Pensar, a quien los dirigentes sindicales del Ciudad relacionan con la familia Braun Menéndez, uno de los tres grupos propietarios del Banco Galicia junto con los Escasany y los Ayerza. 

El tercer candidato propuesto por Macri, en presunta representación de la oposición, es Raúl Fernández, ex secretario de Gobierno de Aníbal Ibarra, ex ministro de Jorge Telerman y quien dio quórum a la tirante sesión de noviembre pasado para reformar la Carta Orgánica del banco, que le permitió al gobierno PRO dar una nueva pelea para quedarse con 360 millones de ganancias netas del banco. 

Fernández votó en contra, pero su habilitación del quórum, le zanjó el acuerdo macrista para ser ungido como director, junto a Andrea Pietrabuono, de 29 años y militante de La Cámpora. Junto a ellos estarán Federico Sturzenegger y Juan Curutuchet, actuales  presidente y vice del banco. Ambos ratificados por el líder del PRO. 

 En una maratónica sesión de noviembre pasado, pocos días antes de que los nuevos diputados comenzaran su mandato y dentro de la misma Legislatura porteña, donde vieron la luz aumentos de ABL que llegaron al 800%, el macrismo logró aprobar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Ciudad que incluye la incorporación de parte de las utilidades de la entidad al Tesoro porteño y sumar un nuevo Directorio a la actual estructura de la conducción.

El 25 de junio, el Boletín Oficial publica una resolución del ministro de Modernización Andrés Ibarra que dispuso, diez días antes, el llamado a licitación para el pago de los salarios de los 124 mil empleados del Estado porteño, tarea que constitucionalmente le corresponde al Banco Ciudad. 

El ministro de Seguridad Guillermo Montenegro ya había ordenado, en noviembre de 2011, que la mitad de todos los efectivos de la Policía Metropolitana cobraran sus haberes en el Banco de Galicia.

El 27 de junio, poco después del llamado a licitación por los salarios porteños, la Cámara de Diputados de la Nación da media sanción a un proyecto de ley presentado por la diputada del Frente para la Victoria, Diana Conti para quitarle al Ciudad el manejo de los 6800 millones de pesos de fondos judiciales que el banco administra por año. Los sindicatos sostienen que esa operación le quita el 30% de los fondos a la entidad. El Senado lo trataría luego de las vacaciones de invierno. 

En una decisión tomada el jueves pasado, pero que fue dada a conocer antes de ayer, la jueza Elena Liberatori decidió hacer lugar a un pedido de amparo que presentaron los nueve delegados generales de la Comisión Gremial Interna del Ciudad y suspendió la licitación.