Por Augusto Taglioni
La detención del ex Secretario de Obras Públicas del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por presunto enriquecimiento ilícito significó una patada al tablero político argentino que marcará un antes y un después en el devenir futuro de la política nacional. Más allá de la espectacularidad de la detención de López, la realidad es que la bala de la corrupción caló profundo en el kirchnerismo y en las estructuras políticas del progresismo latinoamericano.
Nos enfocamos en Brasil y Argentina: los dos países más importantes en el engranaje progresista de la última década. Dos procesos políticos que construyeron liderazgos fuertes y diseñaron políticas públicas destinadas a generar mayores niveles de distribución de la riqueza. Ambos atraviesan graves problemas de corrupción.¿Empañan los logros obtenidos en estos procesos políticos casos de corrupción como la Operación Lava Jato o los negocios de la obra pública durante el kirchnerismo?
Cada uno tendrá una respuesta diferente para esta pregunta, lo cierto es que la corrupción y la transparencia se han convertido en objetivos a cumplir a la misma altura que la salud, la educación y la generación de trabajo, justamente ejes que fueron parte de la plataforma de estos gobiernos.Citando los casos mencionados, el Frente para la Victoria y el Partido de los Trabajadores alcanzaron el gobierno luego de períodos conservadores que arruinaron la economía y aumentaron los niveles de pobreza y desocupación. Que estos partidos que emergieron como respuesta a las demandas de las mayorías repitan las prácticas de la política tradicional es un problema y una gran contradicción.
Ahora bien, ¿Existe una voluntad real para combatir este flagelo? ¿Es la mediatización y la condena social la forma para la resolverla? Si uno recorre los principales medios de comunicación de Brasil pareciera que el único partido involucrado con estos casos fuera el PT, cuando la gran mayoría del sistema político tiene causas en la justicia y el mismo gobierno provisional de Temer tuvo la renuncia de tres funcionarios en dos meses.
En Argentina sucede lo mismo. La dedicación que se le brinda a casos de corrupción en el marco de la obra pública y el desinterés por investigar a la decena de funcionarios de gobierno con cuentas en paraísos fiscales, incluyendo al propio presidente. En ese sentido, la ley del arrepentido que se busca aprobar en el Congreso argentino esta semana y que ya funciona en Brasil no aportará soluciones judiciales sino grandes títulos para los medios que sentencian antes que la justicia.En este recorte de la realidad los medios tienes dos metas. Demonizar al Estado y a la política. Esto es gravísimo. Detrás de la noticia alrededor de un funcionario determinado en alguna cuestión ilícita se encuentra el interés de perjudicar a aquello que tiene que proteger a las grandes mayorías. En Brasil, los sectores políticos y económicos que se pronunciaron durante la Operación Lava Jato tienen un profundo intento privatizador en torno a Petrobras apoyado en la fundamentación de que el gobierno y el Estado son ineficaces y corruptos. En Argentina, la detención de José Lopez aún no ha puesto el foco en el empresariado que ha sido parte (desde siempre) de millonarios negocios con el Estado. Se demoniza al Estado y no se buscan sanciones al privado que colabora con un ilícito. Demonizando la política generan crisis de representatividad e inestabilidad institucional y se ponen bajo la lupa a millones de personas que trabajan desinteresadamente por determinadas causas sociales.
Demonizar la política es incentivar a que la gente no se comprometa. Sin compromiso no hay posibilidad de organizarse y sin organización, sabemos que es lo que sucede. No obstante, la política tiene que trabajar sobre mecanismos de transparencia, esté o no en el gobierno, especialmente en el financiamiento de las campañas electorales.La corrupción es un mal que debe ser eliminado con transparencia en todos los resortes del Estado y claridad en la información que debe ser pública, pero nunca puede ser utilizada como argumento para aplicar un ajuste sobre los sectores más humildes de la sociedad ni privatizando empresas estatales. El que usa la corrupción para argumentar decisiones políticas en esa dirección está mintiendo.Progresismo y corrupción no pueden ser aliados, una fuerza política que tiene como eje vertebrador la justicia social no puede contar con funcionarios que enriquecen a costa de las necesidades de la sociedad.
Debe haber un compromiso para avanzar en la resolución de este flagelo sin especulaciones ni discursos grandilocuentes. .. ¿Lo habrá?
