La Legislatura provincial convirtió hoy en ley un proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo que busca poner fin al funcionamiento de prostíbulos en la provincia, como una medida para combatir la trata de personas.
El oficialismo impuso su mayoría en el recinto y aprobó la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo, que se convertirá en ley apenas sea promulgada por el gobernador José Alperovich, lo que sucederá en los próximos días.
La iniciativa, que consta de once artículos, prohíbe en todo el territorio provincial el funcionamiento de lugares en los que se practique o se facilite el ejercicio de la prostitución bajo la modalidad de wisquerías, cabarets, clubes nocturnos, boites, saunas o locales de alterne. Cuando la ley entre en vigencia se prohibirá «la instalación, el funcionamiento, el regenteo, el sostenimiento, la promoción, la publicidad, la administración y/o la explotación bajo cualquier forma, modalidad o denominación de lugares en los que se facilite, tolere, promocione, regentee, organice, desarrolle y/o se obtenga provecho de la explotación de la prostitución ajena, hayan prestado o no las personas explotadas su consentimiento para ello», según señala el texto. También dispone la inmediata clausura y cierre definitivo de los locales mencionados apenas entre en vigencia de la ley, que se conoce como «Prostíbulos cero». Uno de los artículos establece que «en todos los procedimientos que se realicen con motivo de la aplicación de la Ley se deberán resguardar de manera integral los derechos de las personas que se encuentren en el lugar ejerciendo, ofreciendo o con el propósito de ejercer la prostitución de manera voluntaria». Cuando éstas no puedan acreditar su identidad y domicilio, serán tenidas como víctimas de la trata de personas y recibirán protección y contención mientras su situación es puesta en conocimiento de las autoridades judiciales y administrativas competentes. La iniciativa oficialista implica graves penas para quienes sean propietarios o exploten locales donde se ejerza la prostitución ajena (hasta 60 días de arresto), y que las sanciones no puedan ser subsanadas mediante el pago de una multa. Además, prevé la creación de un «comisión provincial de lucha contra la trata de personas y de contención y recuperación de víctimas de la explotación sexual», cuyos integrantes, funciones y atribuciones serán dispuestos por vía reglamentaria. Finalmente, dispone que el Ministerio de Desarrollo Social provincial asista desde distintas áreas a las víctimas.
