«Nunca entendí los temas de soberanía en un país tan grande como el nuestro” dijo alguna vez, muy suelto de cuerpo, quien luego fuera presidente de la Argentina, Mauricio Macri. Hacía referencia a su imposibilidad de comprender el reclamo sobre nuestras Islas Malvinas.

Tiempo antes de aquella máxima, Bernardo Neustadt, en el programa televisivo en el que realizaba operaciones políticas, miraba fijamente un teléfono y se preguntó en vivo “¿Dónde está la soberanía? No se ve”, remataba la escena reclamando la privatización de ENTEL, la empresa del Estado rematada por Carlos Menem.

La palabra soberanía dejó de ser un territorio de disputa en el lenguaje de la política argentina, se fue perdiendo en mérito a los discursos prefabricados por asesores de marketing que aconsejan el uso de un lenguaje lavado de toda pertenencia ideológica.

Los debates soberanos han dejado de ocupar el centro de gravedad de la agenda en disputa de las fuerzas políticas, cediendo lugar a las pujas electorales y aquella temática que la tiranía de las encuestas imponen contra toda necesidad popular.

Sin embargo, la impronta impuesta por Néstor y Cristina Kirchner logró recuperar la agenda soberana de nuestro país y transformarla en política de Estado. Cada decisión soberana, como aquella que recuperó los fondos de jubilaciones y pensiones para el Anses, o aquella que recuperó YPF para transformarla en una empresa con participación estatal mayoritaria, fueron objeto de críticas furiosas por opositores -desde luego-, pero también por propios que consideraban que avanzar demasiado le restaba caudal político a un proyecto que se sigue reafirmando tras diecisiete años de vigencia histórica.

A pesar de esa experiencia acumulada, los debates soberanos vuelven a ser ubicados en un segundo orden de prioridad. Una suerte de “siempre pasa algo” para prestarle más atención que a las urgentes decisiones soberanas que se imponen en una agenda política y económica que sabe mucho de necesidades, y tanto más de urgencias.

El debate sobre la Hidrovía desnuda, a las claras, este enorme problema. En pocos días vence la concesión que Carlos Menem realizara del Río Paraná hace 25 años, cuando entregó el dragado y el control de nuestro comercio exterior a la multinacional belga Jan de Nul y su socia local Emepa. Una parte importante de la riqueza que produce nuestro suelo quedó en manos de la voracidad de un puñado de corporaciones económicas.

El 60% del comercio exterior del país se mueve por la extensa Hidrovía que une el corazón productivo del Mercosur. La concesión y el mantenimiento por el que cada año circulan cuatro mil barcos que transportan productos por 77.000 millones de dólares, se encuentra controlada en la Argentina por los intereses de las corporaciones multinacionales.

Por la hidrovía circulan 100 millones de toneladas de graneles (agrícolas y metalúrgicos); alrededor de 1,6 millón de contenedores con importaciones y exportaciones, y 750.000 autos y camionetas que llegan y salen del país por barco.

El economista Horacio Rovelli recuerda que “Argentina ha acrecentado en los últimos años en forma sideral su participación en el comercio exterior de alimentos, que básicamente se realizan por alrededor de 70 (setenta) puertos fluviales y marítimos dedicados a la actividad comercial… El transporte fluvial se encuentra centralizado en los ríos de la Plata, Paraná, Paraguay y Uruguay. Prácticamente el 80% de esas ventas al exterior se realizan por los puertos y sus terminales que conforman la llamada Hidrovía del Paraná.”

En un país que registra un 42% estadístico de pobreza y agravándose en la medida que avanza la recesión global provocada por la pandemia, en el que el trabajo escasea y los discursos de ocasión son conquistados por la romantización de una nueva normalidad en la que la desigualdad social y económica sea la marca característica, el debate por la Hidrovía no es un capricho ideológico, es un debate de absoluta necesidad.

Mempo Giardinelli, insistente en la necesidad de recuperar la discusión soberana sobre el Río de la Plata señala que “Parece hora de entender que el verdadero y sano concepto de soberanía es el que no sólo defiende la propiedad territorial sino también lo que el territorio produce para beneficio de todos y todas. O sea, soberanía es trabajo y cuidado del ambiente. De ahí la inconveniencia de que se renueve toda concesión a capitales, empresas y operadores extranjeros, máxime cuando el trabajo argentino es probadamente capaz de realizarlo en todas las etapas y con calidad y limpieza.”

Nuestro Río de la Plata, entregado hace 25 años a las corporaciones extranjeras, ha precipitado la destrucción de la marina mercante, nuestros astilleros y un sin fin de puestos de trabajo que cedieron a la voracidad de la rentabilidad de un puñado de empresas, montadas sobre la riqueza que produce nuestro suelo.

Los debates soberanos, como se advierte, tienen una actualidad extraordinaria. En la resolución efectiva de nuestros problemas de soberanía hay respuestas ineludibles para generar trabajo y fortalecer la producción nacional.

“A pocos días del fin de la concesión todavía hay muchos interrogantes que no tienen respuesta“, expresó Jorge Taiana en un comunicado y, como ejemplo, preguntó: “¿Qué vamos a hacer con el trazado de la vía?, ¿Vamos a ir por el Paraná de las Palmas?, ¿Vamos a fortalecer el Paraná Guazú?, ¿Cómo vamos a hacer para desarrollar el puerto de Ibicuy?”. “Tenemos que aprovechar este momento para planificar una propuesta que tenga consensos de Estado y que permita el desarrollo y el bienestar de los argentinos”, sostuvo.

El 10 de diciembre de 2019 el por entonces flamante Presidente de la Nación, Alberto Fernández, en un gesto de vocación federal, se dirigió a la provincia de Santa Fe a participar de la asunción de Omar Perotti a la gobernación.

En declaraciones brindadas en aquella oportunidad, señaló que “la hidrovía debe ser gobernada por las provincias”.

El 29 de agosto de 2020, sin ir más lejos, se firmó el “Acuerdo Federal por la Hidrovía Paraná Paraguay” con las provincias de Santa Fe, Chaco, Misiones, Formosa, Entre Ríos, Buenos Aires y Corrientes, donde se asumía el compromiso concreto de la creación de una sociedad del Estado en la que se canalizaría la participación protagónica del federalismo.

Aquella propuesta firmada por el Presidente y el conjunto de los gobernadores, sin embargo, terminó cediendo a la vocación privatizadora de las corporaciones extranjeras que se benefician con un sistema en el que reina el contrabando, la fuga de capitales y por las que en apenas dos semanas transitó el mayor embarque de cocaína con destino a Europa.

Lo advierte la propia Unidad de Información Financiera del Gobierno argentino, que sostuvo en un reciente comunicado “sabemos que, desde hace más de 50 años por esa misma vía (tema que está muy estudiado a nivel nacional e internacional y desde hace varias décadas, aunque no siempre integra la primera plana de los debates o de los análisis), se han desplegado distintas maniobras vinculadas con el contrabando de alimentos, por ejemplo granos o aceites; con el contrabando de armas, de drogas y con la trata de personas, y además con las implicancias respecto a la evasión impositiva.”

Como si nada de esto hubiera ocupado la agenda política de la fuerza gobernante, hace muy pocos días, en una entrevista con el periodista Reynaldo Sietecase, el Ministro de Transporte, Mario Meoni, sostuvo: “Hay un error de concepción, yo creo que no es soberanía que una maquina saque arena del fondo del río”, haciendo alusión a las dragas que son la excusa para la entrega de nuestra soberanía, en una frase que recuerda a Neustadt y su parábola con el teléfono en la mano.

Era el preludio de la confirmación que le otorgó a las corporaciones el Ministro de Producción de Santa Fe, Daniel Costamanga, quien confío en una charla virtual llevada adelante ayer que «habrá una prórroga en la elaboración de los pliegos». Y, como el proceso de licitación lleva un año, «por lo tanto en lo que se está pensando es en una prórroga de un año del actual operador, del belga puntualmente».

Lo paradójico es que el 6 de abril de 2021, el presidente Alberto Fernández, sostuvo que “Nadie está pensando en prorrogar la concesión que existe”, aunque vale decirlo, una semana después también dijo que “Muchos me dicen ¡No! que el Estado se haga cargo.. Miren, el trabajo del dragado es un trabajo que lo hacen muy pocas empresas en el mundo porque exige una tecnología de altísimo costo y eso es muy difícil que lo pueda hacer el Estado”.

Una vez más, aquella voluntad de asumir una decisión soberana que parecía encaminada desde los inicios del gobierno, terminó cediendo en la urgencia a la mitología instalada por las corporaciones económicas, que se arrogan la autoridad de ser los únicos que pueden desarrollar las actividades que llenan sus bolsillos.

Tal y como explica el obrero naval César Briatore “según un trabajo del Centro de Estudios Agrarios la recaudación por peajes ronda unos 300 millones de dólares y que actualmente hay menos de cinco dragas asignadas en la Argentina para asegurar la navegabilidad de nuestra Red Fluvial. La draga más moderna traída por la actual concesionaria fue construida en los astilleros Keppel Singmarine de Nantong, China, con un costo de casi 40 millones de dólares. Eso implica que la inversión total de una flota nueva de 5 unidades, sin contar gastos de armamento, se recupera en tan solo 8 meses de peajes y teniendo en cuenta que la vida útil de estos equipos alcanza los 30 años se puede decir que esa inversión retorna con una tasa de facturación del orden 4.500% respecto al costo de inversión tecnológica.”

Briatore acierta al sentenciar que “El problema no es la inversión ni el acceso a la tecnología, claramente el problema es la voluntad política.”

La agenda política asumida durante la pandemia ha sido ocupada por temas sanitarios, que en muchas ocasiones, se abordan con una irresponsabilidad de la que hace gala la oposición en cada jornada.

Las luces y los ruidos de los medios que obnubilan la agenda política, se concentran en el abordaje institucional de la pandemia. Y sin dudas, es una tragedia humanitaria con consecuencias sociales, económicas y políticas que resultaban inimaginables hace dos años atrás.

Pero esa pandemia que profundiza desigualdades, que deja un tendal de desocupados en todo el mundo, que metió a todos los países del globo en una recesión económica sin igual; pero que también disparó el precio de los comodities que produce nuestra tierra y favorece la multiplicación de ganancias del mismo puñado que ya acumulaba riquezas, precisa de un debate soberano urgente y necesario para dar respuestas indispensables a una tragedia social que sólo amenaza con profundizarse.