Ciudad

Regreso a clases

“Una vez más Larreta se llevó puesta a la comunidad educativa en su conjunto»

A días nada más de el inicio de clases, el Gobierno porteño sigue desoyendo los reclamos y propuestas de la comunidad educativa y se temen contagios masivos de no replantearse la propuesta del Ministerio de Educación de la Ciudad.

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Apenas a dos semanas de la fecha estipulada por el Gobierno porteño para el inicio de clases, son muchas más las dudas, la desidia y el miedo que las certezas y protocolos. Mientras todo el resto del país apuesta por una vuelta a clases con sistemas combinados de presencialidad y educación a distancia, inicios escalonados, división de horarios y alumnos y campañas de vacunación a docentes; la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una vez más decide diferenciarse de lo que pareciera ser el sentido común y poner en riesgo a las y los ciudadanos de su jurisdicción. Diputados, gremios, centros de estudiantes, cooperadoras y familias organizadas reclaman que las comunidades educativas sean oídas y tomadas en cuenta para la elaboración de protocolos acordes a la realidad que se vive en las escuelas.
El 17 de febrero es la fecha que meses atrás la Ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, y el Jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta dispusieron para el inicio de clases presenciales en la Ciudad. A días nada más, toda la tensión que se vivió durante el 2020 entre las comunidades educativas y el Gobierno Porteño se profundiza ante el inminente riesgo de que las decisiones de Rodríguez Larreta obliguen a las familias, estudiantes y trabajadoras y trabajadores a elegir entre la vida, o la educación en el caso de las y los alumnos, o el trabajo en caso de las y los docentes, auxiliares y administrativos.
Según el último esquema planteado por el Gobierno Porteño, para marzo todos los niveles ya habrían arrancado con clases presenciales todos los días. El protocolo incluiría la división de los grados en dos, las escuelas de turno completo tendrían medio curso por la mañana y medio curso por la tarde; por su parte las de turno simple llevarían las clases con la mitad de las chicas y chicos en el aula y la otra mitad en el patio, el comedor, la biblioteca o el espacio con el que pueda contar cada escuela. Cada estudiante estaría solo en su mesa distanciado de los demás, utilizando tapaboca; en los recreos los grados no se cruzarían entre sí y la permanencia en los baños no podrá ser mayor a 15 minutos. Las y los estudiantes pertenecientes a población de riesgo o que convivan con personas de ese grupo podrán presentar un certificado para seguir cursando virtualmente; aún no hay ningún detalle que de a entender de qué forma cursarán si no cuentan con los medios tecnológicos, si seguirán en el mismo grado que sus compañeros aunque no puedan encontrarse en ningún ámbito, o cómo será el proceso de aprendizaje.
Por su parte las y los docentes, todavía no saben cómo deberán repartirse, ya que al tener clases en simultáneo, maestros parte de la población de riesgo que seguirán trabajando de forma remota (aún no se sabe en qué tarea) y varios años o grados e incluso escuelas a las que ir, los cálculos no cierran o muestran un panorama caótico donde habrá que buscar suplencias, cargos nuevos que solo durarán lo que dure la pandemia, y una burocracia eterna que es lenta en circunstancias normales, en pandemia, con todas las escuelas haciendo lo mismo, muchos grados y materias podrían quedar sin docente a cargo por meses. Las medidas de cuidado y seguridad de las y los trabajadores de la educación son prácticamente nulas, las y los docentes serían testeados dos veces antes de iniciar las clases y luego podrían deambular de aula en aula, de escuela en escuela, en transporte público, sin perspectivas de ser vacunados. Más graves son aún las condiciones de trabajo de las y los trabajadores no docentes, sobre todo las y los porteros y las y los auxiliares que se dedicarán a sanitizar y limpiar las instituciones sin ningún tipo de protección prevista.
Los gremios docentes de todos los niveles, las cooperadoras, los centros de estudiantes, y las redes de familias organizadas pertenecientes a comunidades educativas desde el momento en que Horacio Rodríguez Larreta afirmó que las escuelas volverían a abrir sus puertas, allá por agosto del 2020 en pleno pico de la pandemia; rechazaron automáticamente la propuesta por considerarla inviable y contraproducente. Las circunstancias han cambiado y en Ciudad de Buenos Aires todo funciona como si no existiera virus alguno, pero los contagios de Covid-19 están en los niveles del invierno pasado en pleno verano, lo cual anticipa un terrible panorama de contagio masivo para el invierno si no se comienza a regular de otra forma la circulación en la Ciudad, epicentro del Covid-19 desde el inicio de la pandemia, ya que es la jurisdicción con más contagios en relación a sus habitantes.
Esta semana, legisladores porteños del Frente de Todos, reclamaron a Horacio Rodríguez Larreta un diálogo con la comunidad educativa para que el retorno sea «seguro y cuidado» y no a través de «un anuncio apresurado» y «marketinero».
Siendo la jurisdicción más rica del país, CABA no tiene condiciones de ningún tipo para afrontar la vuelta a las aulas. Durante los más de 10 años de gestión PRO-Cambiemos, el presupuesto destinado a la educación pública disminuyó exponencialmente, generando no solo una baja en los sueldos de las y los trabajadores de la educación, sino también un deterioro estructural del sistema educativo porteño.
En los años previos a la pandemia, los reclamos siempre tenían como protagonista la forma inconsulta en la que el gobierno macrista cambia los planes de estudio, recorta contenidos, e impone una lógica meritocrática en las aulas; escuelas con plagas de cucarachas, ratas y mosquitos; instituciones enteras sin agua, gas o con conexiones eléctricas completamente precarias y peligrosas para todos los que se encuentran dentro; aulas sin ventanas, sin calefacción, ni estufa, ni ventilador; baños sin cloaca; techos que literalmente se caen a pedazos; patios con pastizales de metro y medio; y ni hablar de conexión a internet o medios tecnológicos en general, fueron la moneda corriente en el corazón de la ciudad gobernada por el partido político de quienes sostienen que los docentes son “fracasados” y que las y los estudiantes “caen” en la escuela pública.
Lo que las comunidades educativas se preguntan no solo es válido y coherente sino que no se comprende como no es la guía de acción del Gobierno porteño, ¿Cómo se van a lavar las manos las y los estudiantes y trabajadores en escuelas sin agua? ¿Cómo afectará a la salud mental de las y los estudiantes tener que estar distanciados de sus compañeros y docentes en el ámbito escolar? y peor aún ¿Cómo afectará a las y los estudiantes que sean parte de la población de riesgo o que convivan con personas de ese grupo y presenten un certificado para no concurrir presencialmente? ¿Quién le dará clases a las y los estudiantes que cursen virtualmente si sus docentes estarán dando clases presenciales? ¿Quién va a costear los productos de limpieza necesarios para mantener sanitizadas las instituciones, si el Gobierno Porteño no destina presupuesto para ello y para peor tiene en el historial, perseguir a las cooperadoras que generan grandes fondos y proyectos para apropiárselos? ¿Cómo va a mantenerse desinfectada la escuela si hay instituciones que cuentan con una única persona encargada de la limpieza para más de 500 estudiantes? ¿De qué forma van a funcionar los comedores escolares? ¿Cómo se dictarán las materias como educación física, música, plástica e inglés, si los grados estarán divididos incluso cursando en simultáneo? ¿Cómo y quién controlará que los protocolos se cumplan en baños y recreos? ¿Cómo podrán estar protegidos los y las trabajadoras de la educación si no son prioridad para vacunarse? ¿Qué tareas cumplirán las y los trabajadores de la educación que son parte de la población de riesgo? Entre otras muchas preguntas claves que solo surgen entre quienes han estado o actualmente son parte de una escuela pública puntualmente de la Ciudad, donde se sabe que desde hace más de una década el Ministerio de Educación impone proyectos que no suelen adaptarse a la realidad de las instituciones educativas de su jurisdicción.
Se espera que en el corto plazo el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación y de Salud, haga un llamado de atención a sus pares de la Ciudad para que replanteen los protocolos que dejan librado a la duda y al virus a todas las y los estudiantes y trabajadores de la educación; o sorpresivamente y contra todo pronóstico histórico, el Gobierno Porteño escuche a los gremios y centros de estudiantes y genere un espacio de diálogo y construcción conjunta del ciclo lectivo 2021 con sus particularidades pandémicas.