El fiscal Garzón dispuso la medida a aquellos que estaba involucrados en los hechos más graves de diciembre pasado. Están acusados de los delitos de “robo calamitoso”, “encubrimiento agravado”, “agresiones” y “daños calificados” y las penas efectivas podrían superar los 3 años de prisión. En la actualidad hay 80 detenidos aunque ninguno por vínculos con policías de la provincia.