Política

«El agravio no está dentro de los mecanismos para la disputa electoral”

Daniel Filmus se presentó ante la cámara Alta para denunciar que es víctima de una "campaña sucia". En tanto su abogado León Arslanián, advirtió que "hay una importante prueba pendiente" que demostraría que los servicios de call center con los que se difamó al legislador "fueron pagados por el gobierno de la Ciudad".

Filmus expuso su denuncia ante la Cámara Alta.

El senador nacional y candidato a jefe de gobierno porteño por el Frente para la Victoria (FpV), Daniel Filmus, presentó hoy una «cuestión de privilegio» en la sesión ordinaria para denunciar que es víctima de una «campaña sucia» en el marco del proceso electoral de la Capital Federal.

De esta manera, frente a la Cámara alta Filmus denunció una campaña para afectar su imagen y la de su padre.  «Esta campaña afectó mis fueros y, por lo tanto, los de toda la Cámara. Como senador de la Ciudad de Buenos Aires me siento agraviado», expresó Filmus al iniciar la cuestión de privilegio que ahora debe ser estudiada en la Comisión de Asuntos Constitucionales.

El legislador se refirió a los llamados hechos para una falsa encuesta en la que se afirmaba que el padre de Filmus era arquitecto y que trabajaba junto con Sergio Schocklender, el ex apoderado de la Fundación de Madres de Plaza de Mayo acusado por estafa contra esa entidad.

Al respecto Filmus reclamó que «esa encuesta agraviaba a mi padre, invocando un título que no tiene y un trabajo que no detenta y vinculándolo a hechos que todos conocemos», y añadió que se sintió «agraviado» y con la «necesidad de reivindicar» la figura de su padre, un inmigrante rumano de 88 años sin títulos universitarios.

«El agravio no está dentro de los mecanismos para la disputa electoral ni nada que tenga que ver con la disputa política, donde las ideas y los proyectos son los que tienen que dirimirse», expresó.

Filmus también mencionó que «hace pocos días un juez de la nación (Ariel Lijo) allanó oficinas desde las cuales salieron y entraron las llamadas. Una de las oficinas pertenece a socios, sino a él mismo, de (Jaime Durán Barba) el jefe del campaña del actual jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Mauricio Macri)».

«Me asiste la fuerte sospecha, por las dos oficinas y los elementos que el juez encontró en ellas, de que uno puede vincular claramente no sólo que esto fue hecho desde la conducción de la campaña electoral, sino también que los vecinos de la ciudad pagamos con nuestros propios recursos esas llamadas», sentenció.

Filmus recibió la adhesión de los bloques del Frente para la Victoria y de la Coalición Cívica y el jefe del bloque oficialista, Miguel Ángel Pichetto, calificó la presunta «campaña sucia» como un «golpe bajo bastardo» y consideró que «detrás de los globos amarillos y de la alegría de esta ciudad hay operaciones sucias que estamos poniendo en la superficie».

Por su parte, la justicialista disidente por Formosa, Adriana Bortolozzi, calificó la denuncia de Filmus como «una operación política direccionada a las elecciones del domingo» y agregó que es un «infantilismo» porque «los que jugamos en política pasamos por esto desde hace tiempo».

En cambio, la senadora por la Coalición Cívica, María Eugenia Estenssoro, expresó su solidaridad con Filmus, aunque sentenció que «el uso de fondos públicos con fines electorales no es privativo del Pro», el espacio político que encabeza Macri.

Asimismo Filmus, y su abogado León Arslanián, advirtieron que «hay una importante prueba pendiente» que demostraría que los servicios de call center con los que se difamó al legislador «fueron pagados por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires».

Arslanián adelantó que, si se comprueba que ese sistema fue «montado y utilizado para la campaña difamatoria denunciada», se podría haber incurrido desde la Ciudad en un «delito de malversación de fondos públicos», más allá de que la investigación está centrada, de momento, en un delito electoral.

En una conferencia de prensa que Filmus y su abogado ofrecieron en el salón Illia del Senado, el candidato kirchnerista aseguró que «hay buena cantidad de documentos que muestran la relación entre las empresas implicadas y el gobierno porteño, como, por ejemplo, los del call center.

Cabe recordar que el lunes pasado, Filmus se constituyó como querellante en la investigación a  cargo del juez Federal, Ariel Lijo. De ese modo, el candidato y su abogado tuvieron acceso al expediente.