Desde hace más de un año, los organismos de derechos humanos del país denuncian un “franco retroceso” en los juicios de lesa humanidad contra los genocidas de la última dictadura militar y la falta de interés del gobierno en estas causas. Muestra de esto es el caso de Santiago Bereciartúa, abogado querellante de la Secretaría de Derechos Humanos en Rosario que, a poco participar en un importante proceso, fue despedido.

Bereciartúa fue incorporado en 2013 como representante legal de la Secretaría de Derechos Humanos en Rosario. Contaba con experiencia como funcionario de esa misma cartera en la provincia de Buenos Aires y como abogado de Abuelas de Plaza de Mayo.

Durante los cuatro años que se desempeñó en ese cargo, representó al Ejecutivo nacional en cinco debates orales y dio impulso a otras cinco causas por delitos de lesa humanidad. Según informó el sitio Cosecha Roja, a través de una nota del periodista Sebastián Ortega, el 30 de mayo de este año el abogado recibió un telegrama de despido, sin ningún motivo ni previo aviso.

Bereciartúa participaba como querellante en la causa más grande por delitos de lesa humanidad en la región, en la que se juzgará a trece exintegrantes de la Policía Santafecina y al capellán de esa fuerza por crimenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar, y en otros 129 expedientes contra genocidas. Ahora, el Estado ya no tiene quien lo represente en todas esas causas.

Inmediatamente, los organismos de derechos humanos criticaron esa inexplicable decisión. “La Secretaría de Derechos Humanos estaría desistiendo de su querella y cometiendo una aberración jurídica cuando estamos a horas del comienzo de una de las causas más emblemáticas que investigan los delitos cometidos durante el terrorismo de Estado en la región”, manifestaron en ese momento Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, HIJOS y otras agrupaciones.

En marzo de este año, esos mismos organismos denunciaron ante el Consejo de la Magistratura un “franco retroceso” en los juicios por crímenes del terrorismo de Estado, entre otras cosas porque algunas causas permanecen por mucho tiempo sin juez, porque se utilizan mecanismos “dudosos” para designar magistrados subrogantes, que no son de la jurisdicción del tribunal o cargo vacante, o se los designa para un caso -y no para un juzgado o tribunal como establece la ley-, o solo por el hecho de que “manifiestan voluntad”.

Fuente: Cosecha Roja, El País Digital