La Suprema Corte de Justicia bonaerense separó por 120 días de su cargo al fiscal general de San Isidro, Julio Novo, y a sus adjuntos Rodrigo Fernando Caro y Eduardo Marcelo Vaiani. Los funcionarios judiciales están acusados penalmente de encubrir y dar protección una red internacional dedicada al tráfico de drogas. Las “actuaciones disciplinarias” del máximo tribunal provincial también alcanzan a las secretarias Melisa Fernanda Rey (pareja de Novo) y Mariana Busse (esposa del abogado de narcos Carlos Broitman). La Corte le ordenó a la procuradora General de la provincia de Buenos Aires, María del Carmen Falbo, que las suspenda “hasta el pronunciamiento definitivo en el proceso penal al cual se encuentran sometidas”.

Novo, los dos fiscales adjuntos y las dos secretarias fueron imputados por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, por los delitos de encubrimiento agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y entorpecimiento de la labor funcional. Los funcionarios están sospechados de entorpecer las investigaciones del doble crimen de Unicenter, ocurrido en julio de 2008, y del asesinato de un hombre en la puerta de un club náutico de San Fernando. Las tres víctimas eran colombianos vinculados al narcotráfico.

El fiscal Luis Angelini y su par Diego Grau habían avanzado en la investigación de esos crímenes, que apuntaban a cárteles narco e incluían a los hermanos Gustavo Adolfo y Eduardo Juliá -que tiempo después serían detenidos en España por el envío de más de 900 kilos de cocaína a Europa-. También vinculó el tráfico de drogas al Cartel del Norte del Valle (Colombia), ubicaron a varias personas importantes para la causa y organizaron un cronograma de entrevistas en Bogotá, Cali, Ibagüe, Medellín y Pereyra. Tenían todo listo para viajar a Colombia en agosto de 2009. En el aeropuerto de Bogotá los esperaba una comisión de investigadores locales. Pero los funcionarios judiciales argentinos nunca llegaron. A menos de 24 horas de tomar el avión, el viaje se suspendió.

Según el fiscal a cargo de la investigación, Fernando Domínguez, Novo y su equipo “instrumentaron una deliberada y sistemática maniobra compuesta de diversos actos de entorpecimiento, frustración y obstaculización del normal desarrollo de aquella investigación”, con el objetivo de “brindar cobertura e impunidad a la red narcocriminal que contextualizó y motivó los homicidios de Unicenter”.

Entre otras medidas, Novo ordenó quitarle recursos –humanos y materiales- a los fiscales, filtró información reservada, impidió el viaje a Colombia y persiguió a Angelini con sumarios en su contra.

En tanto Mariana Busse fue secretaria de Novo entre febrero de 2005 y junio de 2008, cuando renunció para asumir como abogada particular en el estudio de Carlos Broitman, con quien se casaría años más tarde. En su nuevo rol fue codefensora de Gustavo Juliá en una causa en Argentina por contrabando de oro a Estados Unidos.

En 2011, después de la detención de Juliá en Barcelona, Busse volvió a la fiscalía como secretaria de gestión de la unidad descentralizada de San Fernando. Su trabajo, según el fiscal Domínguez, consistía en seguir de cerca la investigación del fiscal Angelini y obstruir en todo lo posible su tarea. La presentación de Angelini también derivó en un pedido de juicio político. Después de varias idas y vueltas, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados bonaerense resolvió en septiembre iniciar el proceso de jury contra Novo.

“La actitud de Novo garantizó la impunidad de sectores narco”, sostuvo el ex diputado provincial Marcelo Saín, autor del pedido de jury, quien celebró la decisión del Jurado de Enjuiciamiento. La denuncia que presentó en 2013, además del caso de los homicidios de los colombianos, sumó denuncias de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) por maltrato de personal y de otros fiscales de esa jurisdicción que habían hecho presentaciones ante la Procuración General de la Corte.