Una muestra de ello es la inconsistencia jurídica de la denuncia del fiscal Nisman contra Cristina y contra nuestros compañeros militantes. El daño que se pretende hacer es claramente político.

El fiscal Nisman es elevado hoy al pedestal de “paladín de la justicia” cuándo tres jueces habían restado importancia a su denuncia por encubrimiento  en la causa AMIA contra el gobierno por falta de pruebas. Otro ejemplo que nos llama la atención es el hecho de que el juez de la causa AMIA le había pedido también que investigue la pista siria y la conexión local y no solamente la pista iraní, cosa que sospechosamente nunca sucedio. Por su “ineficacia” la causa AMIA estuvo parada durante años. Pero el “paladín de la justicia” era un soplón del imperialismo y solo recibía órdenes de la SIDE, de la CIA y del MOSAD que le exigían por todos los medios que solo impute en el juicio a los funcionarios iraníes. Como si fueran pocos estos ejemplos, su “ayudante” de confianza Diego Lagomarsino le envió, con total impunidad, en el momento en que era enviado el proyecto de ley para democratizar al Poder Judicial, un twit cargado de insultos a nuestra Presidenta. A eso le llaman “justicia independiente” y “respeto por la República”.

El 18 de febrero fiscales opositores realizarán una marcha reclamando justicia como si fueran un decorado de cartón y no los responsables de esclarecer la muerte del fiscal Nisman. Los acompañaran referentes políticos de la oposición, algunos de ellos como Macri, procesado por escuchas ilegales contra familiares de las víctimas de la AMIA. Otros, como el  funcionario PRO del Gobierno de la Ciudad Federico Sturzenegger, sobreseído recientemente en la causa del Megacanje, que hundió en el 2001 a nuestro pueblo en el peor de los infiernos, por el Juez Sebastián Ramos, quién también asistirá a la marcha.

El 15 de febrero se cumplen tres años del asesinato de Alan Stéfano Tapia, mientras dormía por la madrugada en la casa de sus abuelos en el Barrio Mitre de Saavedra, a manos del grupo GEOF (Grupo Especial de Operaciones Federales), que depende de la Policía Federal. 

Alan, de tan solo 20 años, era un pibe muy querido en el barrio y trabajaba en la Universidad de Buenos Aires, dentro del programa “Jóvenes por más y mejor trabajo” que depende del Ministerio de Trabajo de la Nación.

La fiscalía del exaltado opositor José María Campagnoli, quién también asistirá a la marcha pidiendo justicia por el fiscal Nisman, fue quién ordenó el allanamiento a la casa, luego de que el hermano mayor de Alan participara de un conflicto entre vecinos al cuál, meses más tarde, se lo eximió de toda responsabilidad. 

La policía entro al Barrio con gran violencia, como lo hace siempre, sin diferenciar niños de adultos y con el prejuicio de que en las barriadas humildes todos los vecinos son delincuentes.

El opositor fiscal Eduardo Marazzi, dijo durante el juicio que el lugar del asesinato no era “Puerto Madero ni las islas Seychelles, sino la ‘villa’ Mitre”. Como si fuera poco este fiscal, en cambio de defender los derechos de la víctima, hizo todo lo posible para justificar al acusado, anticipando que el fallo del juez iba a estar cargado de un componente discriminatorio que evidentemente coincide con su ideología y su posicionamiento político de derecha. 

Rodrigo Valente, el oficial de policía que disparó contra Alan, finalmente fue absuelto de responsabilidad penal. Tan solo fue separado de la fuerza.

Al otro día de la absolución, la Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó, centro de los ataques de la oposición que la acusan del terrible delito de ser “kirchnerista”, destituyó de su cargo al fiscal Eduardo Marazzi por haber justificado el asesinato de Alan Tapia al decir que vivía en un “lugar peligroso”.

Democratizar la justicia es una tarea indispensable para seguir profundizando este proyecto político inclusivo y democrático que lleva adelante este gobierno. El “Palacio” de Justicia tiene que dejar de ser un “Palacio” habitado por la nobleza para  llenarse de fiscales y de jueces del pueblo que sean elegidos democráticamente.  

Recién entonces el Poder Judicial comenzará a dejar de gobernar para los grupos económicos, para sus socios de los medios monopólicos y sus guardianes,  para pasar a proteger a los humildes.