La intimación de la jueza se da en el marco de un amparo iniciado por los legisladores porteños José Cruz Campagnoli y Andrea Conde, de Nuevo Encuentro-FPV, en el cual pidieron la nulidad de los aumentos por su irracionalidad y su afectación a los usuarios del servicio.

El argumento para frenar la suba de tarifas se basa en el desmedido aumento propuesto por Autopistas Urbanas SA, la empresa concesionaria del servicio en las autopistas. Según Campagnoli y Conde, los aumentos, que promedian el 70%, no encuentran justificación ni en la inflación pronosticada por el propio Gobierno para este año (17%), ni en el índice de los costos de construcción, ni en la pauta salarial, ni en ninguna otra variable macroeconómica.

Los legisladores hicieron hincapié en que la Constitución de la Ciudad obliga a proteger el patrimonio de los usuarios y consumidores. “El gobierno porteño no va a poder argumentar la irracionabilidad aplicada. No pueden justificar un aumento del 70 por ciento en los peajes que afecta directamente a la población que utiliza servicios de transporte o su propio auto para ir a trabajar y desplazarse en la Ciudad”, explicó el diputado Campagnoli.