Ante cada nuevo fallo adverso, la estrategia judicial del macrismo se modifica. La más reciente, luego de que los integrantes de la Sala I de la Cámara Federal porteña, los camaristas Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah, rechazaran por unanimidad un recurso contra el fallo que confirmó el procesamiento del Jefe de Gobierno de la Ciudad,  en la causa de las escuchas ilegales, que habían presentado los abogados defensores del jefe comunal, Santiago Feder y Ricardo Rosental, declararan “ inadmisible” la pretensión  de llegar hasta la Sala III de Casación

El fallo se basó  en  jurisprudencia que señala que no se puede apelar un procesamiento si no hay prisión preventiva porque no provoca un gravamen de imposible reparación posterior, en un juicio oral, por ejemplo.

A pesar de la negativa del dictamen, Macri puede presentarse “en queja” ante Casación y exigir que los magistrados evalúen su procesamiento. Pero nada asegura que ese tribunal le dé la razón. Es más, fuentes cercanas a la causa, manifiestan que existen más posibilidades de que el procesamiento sea confirmado que lo contrario.

Como estrategia, los letrados que patrocinan a Macri  quieren ir  en queja a Casación, aunque el fallo salga en contra.

Están  convencidos de que Catucci volverá a negar la asociación ilícita, como lo hiciera en la causa judicial caratulada “James, Ciro Gerardo y otros s/escuchas ilegales y otros delitos” que se tramita en el Juzgado Federal Nº 7, al manifestar que  no había elementos de prueba que confirmaran la existencia de una asociación ilícita montada en la estructura del Gobierno porteño para realizar tareas ilegales de inteligencia,  y ese dictamen para los defensores, será un elemento de mucho peso en el juicio oral.

Otro elemento que tomaron en cuenta los letrados  fue la exigencia de la Cámara al juez de la causa, Norberto Oyarbide, para dar  por concluida la etapa de recolección de pruebas y eleve la misma a la instancia siguiente, que no es otra que la del sorteo que decidirá cuál es el tribunal oral y público que dictará la sentencia definitiva. “Es necesario que el magistrado a cargo de la investigación reúna a la brevedad toda la prueba no producida y la encamine hacia la próxima etapa procesal”, argumentaron los tres camaristas en el dictamen.

Para Macri, Oyarbide  está dilatando el cierre de la causa, ya que “no tiene pruebas contundentes en su contra  y no quiere verse en ridículo ante el tribunal oral”, por eso confía en que no podrá prolongar demasiado el cierre de la pesquisa y en base a eso vaticina que el juicio oral podría llevarse a cabo el año que viene.

Sin embargo, los investigadores que trabajan con el juez,  afirman que el magistrado “no tiene plazos para clausurar la pesquisa” y que en poco tiempo se agregarán a la causa elementos que probarán definitivamente la culpabilidad del jefe comunal.

La estrategia macrista apunta a  coincidir con las defensas de Palacios y James, quien reconoció espiar por su cuenta pero no por orden del Gobierno porteño y mucho menos del jefe comunal, para que de esa manera no pueda probarse la participación de Mauricio Macri  en la asociación ilícita, y por eso le mandó una señal de apoyo al ex comisario preso, cuando al presentarse en la Legislatura,  elogió sus antecedentes policiales. La idea es defenderse en bloque, porque si alguien se corta solo no ganará nada y, para peor, se perjudicarán los tres”, puntualizó uno de los asesores principales del grupo de abogados del Jefe de Gobierno.

Macri  está convencido de que la nueva instancia judicial lo terminará beneficiando y su drama con la Justicia tendrá un final feliz. Aunque su presunción se base más en la fe que en los datos concretos.