El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, reglamentó, con seis años de retraso, una ley que establece la creación de un sistema de protección a testigos víctimas del terrorismo de Estado en los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

“El gobierno cumplió con la reglamentación de esta ley que es muy importante y que viene a complementar a un programa similar que existe en Nación”, indicó el vicepresidente de la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, Daniel Lipovetzky.

Asimismo subrayó “como la mayoría de esos juicios se están realizando en los tribunales federales con asiento en la ciudad de Buenos Aires, era muy necesario que la norma estuviera vigente”.

La Legislatura porteña aprobó el 27 de noviembre del 2008 esa ley, cuyo autor fue el ex diputado Raúl Fernández, actual director del Banco Ciudad.

Hace dos meses, la Justicia le ordenó al gobierno de la Ciudad que pusiera en vigencia la norma.

Ya reglamentada, la ley regula la asistencia y contención de los querellantes y testigos víctimas del terrorismo de Estado en las causas judiciales o investigaciones relativas a los delitos resultantes de la comisión de crímenes de lesa humanidad, así como también a su grupo familiar.

En ese marco, se crea el «Programa de Asistencia y Contención de los querellantes y testigos víctimas del terrorismo de Estado», que funcionará bajo la órbita de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural.