El debate se realizó durante la reunión plenaria de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, presidida por Agustín Monteverde (LLA), de Economía Nacional e Inversión, a cargo de Enrique Goerling Lara (PRO), y de Legislación General, encabezada por Nadia Márquez (LLA).
La semana anterior, en el recinto habían expuesto y respondido preguntas de los senadores funcionarios del Ministerio de Economía, que presentaron la iniciativa cuyo objetivo es atraer proyectos de al menos 1000 millones de dólares, en sectores que el Gobierno considera «industrias del futuro». En esta ocasión, para continuar con su análisis, participaron invitados que pusieron el acento sobre la cuestión ambiental.
Al inicio, el senador Monteverde especificó que luego de tres exposiciones se abría el espacio para que los senadores pudieran consultar. Guido Sack, director de economía de Fundar, abrió su intervención y afirmó que el proyecto prioriza el capital. También señaló el énfasis en el compromiso ambiental. El estudio de impacto equivale a una foto tomada en la puerta de entrada del régimen. Este proceso dura 30 años y, por ello, exige un seguimiento posterior. El invitado señaló que el consumo de agua y energía de un centro de datos no ocurre el día uno.
En tanto, para Ariel Aguilar, subsecretario de Desarrollo Comercial de PBA, la iniciativa no debería dictaminarse a favor. 30 años de estabilidad sin condiciones; ningún país ofrece un plazo comparable en sectores de cambio tecnológico acelerado. Cero exigencia de desarrollo productivo local; el RIGI no agrega valor y este proyecto aporta menos. No hay exigencia de desarrollo productivo local. El RIGI no aporta valor, ni este proyecto lo hace. El artículo 55 prohíbe al Estado exigir la compra de insumos nacionales, no exige el compra nacional.
Por su parte, Enrique Viale, presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas, comentó: «en 2056 habrá crisis hídrica, energética y sobre los territorios. Esas son las tres cosas que entrega el Súper RIGI. Artículo 56 y 64, agua, energía y tierra, se les garantiza el suministro. Imaginen un pueblo patagónico en 2056 con un problema de agua y prioridad para el data center. Vendrá ese pueblo a preguntar; el artículo 110 dice litigar en el extranjero. Vendrá ese pueblo a preguntar si se puede hacer algo y el artículo 110 dice que tiene que litigar en el extranjero».
Por otro lado, Roberto Moreno, secretario de Gestión Ambiental y Control Minero del Ministerio de Minería de San Juan, detalló sobre el estricto control de ese distrito respecto de las inversiones. Explicó que en la declaración de impacto ambiental «el emprendimiento propone su actividad, evalúa los impactos, y propone una gestión ambiental y la autoridad es la que evalúa y aprueba o no; es la que le levanta la vara en la evaluación a las inversiones que vienen». «Los recursos naturales que puedan utilizar estas actividades están regulados y controlados por la Provincia, tenemos autoridad de aplicación exclusiva sobre el agua, sobre todo en una provincia con escasez», cerró.
Además de los citados, también expusieron Micaela Sánchez Malcolm, presidente de la ONG Géneras y ex Secretaría de Innovación Pública de la Nación; Florencia Gómez, directora de la Relaciones Institucionales de CEPPAS (Centro de Políticas Públicas para el Socialismo) y Luciana Ghiotto, doctora en Ciencias Sociales e investigadora del Conicet.
Al finalizar, y tras cerrar las consultas de los senadores a los invitados, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda anunció un nuevo cuarto intermedio hasta la semana que viene, para continuar con el tratamiento del proyecto.
