El juez federal Martín Cormick convocó hoy a una audiencia de conciliación entre el Gobierno nacional y representantes de las universidades públicas para destrabar el conflicto por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario
El Consejo Interuniversitario Nacional buscará que el Ejecutivo cumpla la cautelar ratificada por la Corte Suprema sobre salarios y becas.
A 300 días de la sanción de la ley de financiamiento universitario, este viernes se llevará adelante una audiencia de conciliación convocada por la Justicia entre el Gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional.
El objetivo de las casas de estudio es que se aplique la medida cautelar dispuesta por un juez de primera instancia que obliga al Ejecutivo nacional a cumplir de forma efectiva con los artículos 5 y 6 de la norma.
La convocatoria surgió a partir de la causa judicial iniciada por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y busca generar un espacio para que las partes expongan sus posiciones y puedan avanzar en una salida al conflicto.
El Gobierno nacional confirmó su participación en la audiencia. Por su parte, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) también confirmó que concurrirá al encuentro, aunque había expresado reparos sobre la modalidad de la convocatoria.
Desde el sistema universitario se sostiene que el eje de la discusión debe ser el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y de las decisiones judiciales vigentes, particularmente en lo referido a la actualización de salarios docentes y no docentes y al financiamiento de las universidades nacionales.
La controversia se originó a partir de la falta de aplicación de distintos puntos de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y posteriormente promulgada.
La normativa establece mecanismos destinados a recomponer el financiamiento de las universidades nacionales y contempla medidas vinculadas con los salarios de docentes y NODOCENTES, además de partidas para becas y otros programas destinados a estudiantes.
Ante la falta de implementación de esas disposiciones, las universidades recurrieron a la Justicia y plantearon la necesidad de que el Estado nacional cumpla con las obligaciones establecidas por la ley.
En junio, la Corte Suprema dejó firme una medida cautelar que ordena al Gobierno avanzar con determinadas disposiciones vinculadas con la actualización salarial y las becas universitarias.
