El comisario a cargo de la División Trata de Personas de la PFA, Jorge Omar Fernández, fue ayer panelista en un seminario sobre asistencia a las víctimas de trata organizado por el Ministerio de Justicia Nacional. Se trata de quien después de haber sido allanada la propia división de Trata de la Federal y las pruebas en su contra, que aportó y declaró la mujer policía Nancy Miño, integró un seminario de capacitación sobre “El Delito de Trata de Personas y Asistencia a las Víctimas”.
En este sentido desde la Fundación La Alameda lo califican como “San la Muerte”.“El funcionamiento corrupto y criminal de la actual División de Trata de Personas de la Policía Federal, y sobre todo del comisario a cargo Jorge Omar Fernández, fue denunciada a la justicia el 13 de mayo de 2010 por Nancy Miño, personal auxiliar de la Policía Federal desde hace 19 años, que integró la División de Trata de Personas donde participó en tareas de inteligencia en diversos prostíbulos del país. Miño demostró en su denuncia ante el juez federal Ariel Lijo el actuar del comisario de Trata Fernández, alias “San la Muerte” llamado así por el tatuaje que lleva del personaje símbolo de la delincuencia”, sostiene y agregan que este comisario Fernández maneja la división de Trata de Personas como “una asociación ilícita dedicada a coimear y/o regentear prostíbulos; fraguar pruebas ante los juzgados; plantar pruebas con el objeto de incriminar y extorsionar; permitir funcionamiento de prostíbulos o redes de trata a cambio de dinero”.
Según ellos “ Fernández sabía que en un procedimiento a Carmen de Areco se trasladó en un Corsa verde cocaína para plantarla en el prostíbulo. Iban en el auto el comisario Fernández, Machado, Acosta, y Miño. Quien llevó la droga fue el sargento Flavio Souza. También llevaron un arma de fuego limada. Fernández le ordena a Miño el 12/2/2010 que consiguiera una menor de edad en ejercicio de la prostitución. Mientras que Flavio Souza conseguiría otra menor en la villa del Bajo Flores. Todo ello para plantar a las menores con documentos de adultas en un prostíbulo de la avenida Perito Moreno. Fernández en persona encomendó a Nancy Miño la búsqueda de una pareja de dominicanos, William Garcia Garcia y Ana Felicia Morfe de Jesús, sobre quienes pesaba una orden de captura por violar la ley de trata. La policía Miño le dijo al comisario que la pareja estuvo en la jurisdicción comisaría 16 y luego fueron al área comisaría 5. Allí la pareja dominicana estuvieron con dos socios argentinos y un dominicano en el boliche “Chicharrón” ubicado en Bartolomé Mitre y Callao. Hubo una brigada encomendada para cobrar la coima a la pareja de dominicanos proxenetas. La integraba: el inspector Hugo Coria, Yesica Saubidet, el sargento Marcelo Fabián Acosta y el cabo Arreguez. Fue testigo Saubidet, por estar en la camioneta Parner, que no fueron detenidos los proxenetas y quedaron sueltos por 50 mil pesos que le entregaron a los otros tres policías.Fernández también pidió la búsqueda de Marcelo “Chini”, también por captura por violar ley de trata. Éste es un argentino de 43 años (su casa 4247-7264 y teléfono prostíbulos 4249-3953) con prostíbulo en Joaquín V González 989, partido de Lanús, donde es recepcionista la pareja de Chini, una paraguaya de 22 años con nombre fantasía Carolina, esta mujer estuvo presa tres meses en el penal de Ezeiza. A los 15 años de edad fue prostituida por este proxeneta.El comisario Fernández sabía que Nancy Miño que era personal civil violando abiertamente la reglamentación de la fuerza. Ejemplo el prostíbulo de la calle libertad 1200 que regentea una ucraniana de apellido Prociuk (con proceso judicial). En este prostíbulo el comisario Fernández dio la orden al inspector Hugo Coria para que lleven a Miño hasta el prostíbulo. Esa brigada de policías que esperaba en la calle, (mientras Miño se infiltró en el prostíbulo como prostituta) lo que hizo fue quitarle la recaudación al proxeneta una vez que salió del prostíbulo. Los integrantes de la brigada para la coima eran: Marcelo Fabián Acosta, Hugo Coria, Rodolfo Arreguez. Otra de las irregularidades fue que la declaración jurada de la investigación fue realizada por Coria y no por Nancy Miño. La misma planificación tomó el comisario Fernández cuando se investigó a un prostíbulo del Partido de Quilmes.
Fernández le ordenó a Miño quedarse dentro del prostíbulo para recolectar la mayor cantidad de pruebas. Allí estuvo la mujer policía siete horas. La brigada de policías que la acompañó estaba integrada por el subinspector Gustavo Dotta, cabo primero Fabián Edgardo Palmieri, y auxiliar de inteligencia Miguel Ferreyra. Este prostíbulo hacia publicidades en el diario “El Quilmeño” y volantes. Otra vez el acta la declaración jurada tras la infiltración de Miño la hace otro policía, allí omite señalar pruebas importantes como el número de cédula de una de las victimas y el uso de las pastillas abortivas. Quien firmó el escrito fue subinspector Dotta y la ratificó el subcomisario Rodenas (actualmente abogado en la comisaría 46). Por la noche volvieron al prostíbulo Rodenas (que encabezó el operativo como subcomisario), Dotta, Ojeda Mercado, Palmieri, y Ferreyra. Todo este procedimiento fue relatado al comisario Fernández vía nextel. El juzgado que intervenía libró orden de allanamiento pero horas antes, al mediodía, pasó por el prostíbulo el sargento Manuel Alejandro Da Costa. A dar aviso a cambio seguramente de dinero. Finalmente del operativo el saldo fue que no se encontraron ni la menor, ni la mujer embarazada que antes había descubierto en el prostíbulo Nancy Miño.”
Ayer el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, anunció en el seminario que actualizar la legislación para lograr “la penalización del cliente o consumidor de la trata de personas, será el próximo paso en una Argentina que está a la vanguardia en la lucha contra un crimen usado por algunos sectores para acrecentar su renta económica”.
En el encuentro organizado por la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas dependiente de su cartera, Alak reiteró que entre enero y febrero últimos se rescataron 520 víctimas, que representan casi el total alcanzado en 2010; cuya cifra final fue de 569 personas liberadas”.
En el encuentro que se realizó en el Hotel NH ubicado en Bolívar 160 de la Ciudad de Buenos Aires, con la presencia de los subsecretarios de Promoción de Derechos Humanos y de Protección de Derechos Humanos, Marita Perceval y Luis Alén. También están el titular del INADI, Claudio Morgado; y la directora del Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas, Cristina Fernández.
