La Cámara de Comercio, Industria, Producción y Turismo de esta capital reclamó una mayor participación del Estado para acotar los privilegios otorgados a las grandes superficies comerciales en detrimento de la pequeña y mediana actividad mercantil. El planteo surgió como producto de un diagnóstico elaborado con el propósito de reducir el impacto de la instalación de los «híper», y denunció que sólo se hizo una excepción a modificaciones en el Código Urbano para beneficiar a las grandes radicaciones aunque no para los comerciantes locales.

Las cuestiones abordadas realizan un profundo análisis del entorno comercial, incursionando en los hábitos de los consumidores. Toma en cuenta las razones más relevantes de su instalación con la intención de que sea utilizado como una herramienta para reducir los efectos adversos de esas radicaciones.

En la presentación del estudio, el titular de la entidad mercantil Hugo Repucci, destacó que algunas conclusiones «contrastan» con «manifestaciones públicas originadas en improvisaciones, producto de necesidades políticas que no están avalados por los hechos, que luego en la realidad se manifiestan y producen distorsiones que todos lamentamos». Este punto está relacionado con el anuncio de la actual administración municipal en cuanto a que Viedma tendría un récord de habilitaciones comerciales. Para los empresarios «no existe un análisis serio» y las cifras de Seguridad Higiene «no tienen validez» ante una falta de discriminación de los rubros. Agregó que en la ciudad existen tres padrones distintos: el del municipio, Rentas y un tercero de la AFIP. Sobre este aspecto, la investigación pone énfasis en la gran cantidad de comercios que cerraron en 2009 (359). Recién en 2010 se produjo una ligera recuperación llegándose a un total de 1.948 firmas. Por su parte, el representante de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Fabián Tarrío, reflexionó sobre este tipo de emprendimientos grandilocuentes que son tan «agresivos» que a veces «nos sentimos impotentes» para competir. A su vez, advirtió que «cuentan con la complicidad de los municipios» al «cambiar sus digestos de ‘zonificación’ para que puedan instalarse en el centro de una ciudad». Si bien no hizo referencias concretas a Viedma (donde circulan hasta 90 millones de pesos mensuales con motivo del pago de salarios públicos), insistió en que los hipermercados actúan como «aspiradoras» mientras que «los fondos son de la gente, de los agentes públicos».