Según Estados Unidos, Argentina es un país de origen, tránsito y destino de hombres, mujeres y niños víctima de trata, que no cumple con los estándares mínimos en la lucha contra la nueva esclavitud.
Según el informe, gran cantidad de las víctimas son captadas en provincias norteñas o zonas rurales y son obligadas a prostituirse en centros urbanos o provincias prósperos del centro y sur del país. En muchos de estos casos, todo esto ocurre con complicidades de funcionarios y policías. Y la situación se ve agravada por la falta de controles en la amplia frontera, dice el informe.
Sin embargo, admite que la Argentina avanzó en la lucha contra la trata de personas, pero que falta más trabajo. Desde 2009, la Argentina es ubicada en nivel 2. Los peores estados son, por caso, Argelia, Guinea, Libia y Madagascar. Argentina quedó en el mismo nivel que China, Dominicana y México. Los estados mejor conceptualizados son Canadá, gran parte de Europa, Australia y Estados Unidos. El reporte traza las situaciones de 194 países y lo presentó ayer la titular del Departamento de Estado, Hillary Clinton, en Washington.
Asimismo, según el informe, gran cantidad de mujeres y niños de Paraguay, Bolivia y Perú y, en menor grado, Brasil y Dominicana, son forzados a prostituirse en nuestro país. Paralelamente, ciudadanos bolivianos, paraguayos, peruanos y argentinos de provincias carecientes son captados y sometidos a trabajos forzados en talleres clandestinos y emprendimientos agropecuarios. El turismo infantil, señala el reporte realizado con información de la Embajada estadounidense en el país, ocurre en la triple frontera y Buenos Aires.
“El Gobierno de Argentina no cumple totalmente con los estándares mínimos para eliminar la trata de personas; sin embargo, lleva a cabo esfuerzos significativos”, indicó el estudio. En 2010, Argentina identificó un número récord de víctimas de trata y “se incrementaron” las acciones judiciales.
“No obstante, la cantidad total de condenas sigue siendo baja en comparación con la cantidad de víctimas identificadas”, añade.
Además Estados Unidos sostiene que se detectaron “niveles significativos de complicidad oficial” por parte de “funcionarios provinciales, municipales y miembros de las fuerzas de seguridad”. Se indicó que estas conclusiones fueron tomadas en base a informes de ONG.
