La presidenta de la comisión de DDHH, Victoria Donda, mostró su consternación por el homicidio de Cristián Ferreyra del MOCASE-Vía Campesina, en la comunidad de San Antonio, Santiago del Estero, en manos de una patota del empresario santafesino José Ciccioli, quienes además, dejaron en grave estado a otras dos personas.
En este sentido consideró “inadmisible que los pobladores sean corridos del lugar que les pertenece. Lo hacen por el furor que genera la fiebre por las tierras para la soja y utilizando formas que no tienen nada que ver con un Estado de derecho”.
“Como los miembros del MOCASE-Vía Campesina denuncian, toda esta maniobra cuenta con la complicidad de las autoridades públicas, ya que la misma dirección provincial de Bosques fue la que autorizó el desmonte donde viven familias campesinas indígenas como las de Cristian”, añadió la legisladora. Asimismo, la diputada nacional afirmó “que no es el primer hecho de este tipo que nos obliga a estar alerta sobre esta situación irregular. Los miembros de esta comunidad han sido atacados con anterioridad en los departamentos de Copo, Pellegrini y Alberdi y han sufrido la detención arbitraria de su referente Ricardo Cuellar, el atentado a la FM Pajsachama, la quema de ranchos y pertenencias personales, entre otros atropellos”.
“Ante esta situación el poder judicial local mira para otro lado, ya que el juez penal Alejandro Fringes Sarria, de Monte Quemado – quien ya tiene varias denuncias – no tomó ninguna medida preventiva para detener estos hechos violentos”, señaló. Por último, la legisladora de Libres del Sur, instó “al Estado a hacerse presente garantizando los derechos humanos de estas personas y terminando con los desalojos y desmontes de miles de hectáreas como hasta ahora. El homicidio de Cristian merece justicia ya mismo y sus familiares también”.


