“Pedimos informes al Ministerio de Hacienda, de Educación y a la empresa Telefónica para conocer cuál es el fundamento de la medida que expone a las comunidades a diferentes situaciones al no poder hacer llamadas a celulares”, dijo Lesbegueris.
En ese sentido, sostuvo que la medida “es una práctica sistemática de parte del Ejecutivo que tiene que ver derechos y servicios” y agregó que responde a “un comportamiento que cuestionamos porque primero realizaron los cortes telefónicos y después consultan”.
Las declaraciones de Lesbegueris surgen como consecuencia de la veintena de denuncias que recibió en la Defensoría de directores de escuelas de la Ciudad, sobre todo de la zona sur, donde hay más líneas de la empresa Telefónica, acerca de la imposibilidad de efectuar desde los establecimientos llamadas a celulares.
“Es una barbaridad y algo que también afecta a hospitales”, precisó y dijo que su pedido de informes también está dirigido a la firma de teléfonos dado que “han señalado que la orden del bloqueo llegó desde el Ministerio de Hacienda, con fecha del 10 de noviembre, y que se efectivizó el 16 sobre 4000 líneas”.
Fuente: Telam


