Desde la Mesa Nacional por la Igualdad rechazan y repudian el proyecto de Ley presentado por el legislador de ultra-derecha Aurelio García Elorrio con el fin de suspender por tiempo indeterminado la entrega en guarda o adopción de niños, niñas y adolescentes a parejas del mismo sexo en concubinato o unidas en matrimonio.

Busca que se compruebe que los padres o madres no tendrán incidencia en la identidad sexual de los mismos y prohíbe la fecundación in vitro para parejas de mujeres.

También establece que el Gobierno provincial deberá constituir una supuesta Comisión Especializada conformada por miembros de la Academia Nacional de Medicina local para que determine si las parejas del mismo sexo inciden o no en la identidad de los menores en guarda y que sirva de base para una legislación provincial específica.

Al respecto, Martín Apaz, secretario General de la Mesa Nacional por la Igualdad de Córdoba indicó que «el proyecto no tiene lógica alguna, es arbitrario e inconstitucional. García Elorrio pretende limitar un procedimiento mediante el cual un menor puede adquirir un nuevo hogar en base a prejuicios discriminatorios, arcaicos y contrarios al espíritu de la Constitución Nacional y los tratados internacionales».

«Este proyecto va en el sentido contrario del debate nacional por la unificación de los códigos civil y comercial donde se trata de agilizar el trámite de adopción con el objetivo de resguardar el derecho de los niños, niñas y adolescentes a tener una familia que los contenga. Además, tiene un trasfondo ideológico peligroso ya que patologiza, es decir, trata como una enfermedad a la diversidad sexual, al suponer que los padres o madres podrían contagiar a los hijos o hijas. Es un argumento propio del nazismo», concluyó Apaz.

En tanto Leandro Margaría, del Área Jurídica de la Mesa Nacional por la Igualdad de Córdoba, consideró que «este proyecto ataca directamente la posición del Estado argentino con respecto a la diversidad sexual y de género, a la que reconoció como sujetos de derecho en iguales condiciones que las personas heterosexuales a través de las leyes de matrimonio igualitario e identidad de género».

«Este tipo de propuestas no pueden tener cabida en un país respetuoso de la diversidad, los Derechos Humanos y la igualdad entre los habitantes, plasmados en su ordenamiento jurídico», cerró Margaría.