La Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario, conformada por los jueces Mabel Daniele, Esteban Centanaro y Horacio Corti, confirmó por unanimidad la sentencia dictada en julio del año corriente por la jueza Andrea Danas, quien había prohibido la utilización de las pistolas Taser en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Previo a la resolución que se conoció, el jefe de la Policía Metropolitana, Eugenio Burzaco, participó de una audiencia que también contó la presencia de las autoridades del Observatorio de Derechos Humanos (ODH). La audiencia fue convocada por la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario, y en la misma Burzaco admitió que las Naciones Unidas consideraba las Pistolas Taser como un elemento de tortura.  A lo largo del debate, el ODH mantuvo su posición en referencia al peligro que implicaría el uso de las pistolas por ser consideradas un elemento de tortura. En ese sentido, se volvió a hacer hincapié en las razones que habían inducido a la ODH a presentar un recurso de amparo, el 22 de febrero de este año, sustentado en tres premisas básicas: el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales desaprobaron el uso de las armas tipo Taser; el uso de armas Taser puede lesionar derechos como la vida, integridad física y salud de las personas, aún de quienes se encuentran en perfecto estado de salud; y la incorporación de estos dispositivos puede fomentar el encubrimiento o la impunidad policial ya  que  las armas no dejan marcas en el cuerpo. En un comunicado de prensa ODH se mostró a favor de la decisión adoptada por la Justicia: «Celebramos la coherencia entre el primer fallo y la confirmación, en la misma línea, de la Cámara de segunda instancia. Los derechos humanos y la seguridad son complementarios y no contradictorios y esa será nuestra postura a lo largo de todas las instancias que requiera el trámite judicial». Pero también existe la versión que  la  Policía Federal estaría usando este  elemento prohibido que se puede adquirir por sólo 85 pesos.

En julio de este año, tres menores iniciaron una causa en el Juzgado de Instrucción Nº 28 caratulada “Verón Natalia y otros, sobre apremios ilegales” en la que se relata que los menores sufrieron golpes, vejaciones y torturas por parte de 9 integrantes de la Comisaría 23° de la Federal en la madrugada del día 20 de julio de 2010. Las víctimas coincidieron en acusar a la subinspectora Natalia Verón, a cargo del Servicio Externo de la Comisaría 23, de haberles practicado torturas con una picana o elemento similar de descarga eléctrica. Los apremios y las torturas fueron realizadas tanto en el traslado a la Comisaría como también en el interior de la misma.

Ante esta denuncia que trascendió en los medios, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad se puso en contacto con las víctimas y comenzó a dar seguimiento al caso. “Este fue el primer caso en los últimos 8 años que la Defensoría del Pueblo de la Ciudad toma conocimiento de la implementación de la picana como instrumento de tortura en Comisarías de la Ciudad”

El 10 de noviembre pasado, por orden del titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 2, personal de la División Roca de la Policía Federal efectuó el desalojo del asentamiento perteneciente a la Villa 21-24 ubicado en la avenida Vélez Sársfield y las vías del ferrocarril Roca. Según las denuncias recibidas en la Defensoría del Pueblo que motivaron una denuncia penal impulsada por la Defensora Alicia Pierini, en dicho operativo, personal policial “aún no identificado” realizó actos de violencia desproporcionados entre los que se describen “la portación visible y uso de picanas eléctricas”.

“Un agente, vestido con un chaleco verde, se acercó a mi marido y lo quiso sacar por la fuerza. Mi marido se resistió y el agente sacó algo parecido a un fierro redondo y delgado. El agente tocó un botón de ese aparato y salió otro fierro más largo. Cuando mi marido vio eso, se asustó y salió corriendo. El agente lo persiguió. […] pude ver que el agente arrinconó a mi marido contra un rincón y le ponía ese aparato en el cuello, dejándole una marca circular con sangre. Vi que mi marido perdía el equilibrio mientras se agarraba el cuello con ambas manos”, relata en la denuncia presentada por la Defensoría una de las víctimas.

“El marido de la mujer intentó levantarse para defenderse pero aún en el suelo lo golpearon duramente hasta que el cuerpo tembló bruscamente como si le hubieran dado un impulso eléctrico”, describe otro testimonio en la causa.

En la presentación judicial, Pierini sostiene que “criminalización de la usurpación y desalojo compulsivo por medio de violencia, apremios ilegales, picana y topadoras no parece ser la medida más acertada a adoptar por el Estado ante la problemática que afecta a quienes viven en estos nuevos asentamientos urbanos cuya situación debería ser analizada en primer término a la luz de lo dispuesto en el art. 14 bis de la Constitución nacional y con medidas tendientes a proveer a su seguridad”.

La denuncia fue presentada el 16 de este mes y ratificada el 25. La causa recayó en el Juzgado de Instrucción N° 10 generando entre las primeras medidas dispuestas la citación a las víctimas para que concurran al médico forense.

Los relatos de las personas desalojadas y las fotografías tomadas de sus cuerpos dejan en evidencia el uso de armas eléctricas por parte de efectivos de la Policía Federal. Si bien las picanas no están autorizadas por la institución policial, fuentes de la Federal reconocieron que “hay efectivos que las usan”.

“No son parte del armamento, no son suministradas por la institución, pero el que quiera comprar uno de estos aparatos lo puede hacer en cualquier armería. Son de venta libre y del  tamaño de una  caja de cigarrillos”, comentó un efectivo de la PF.

Frente al Departamento Central de la Policía Federal existe un local en el que se venden estos elementos, pero también puede conseguirse una amplia oferta de modelos y precios en Mercado Libre. Una “picana neutralizadora de alto voltaje”, con linterna incorporada, estuche y una potencia de “1.800.000 V reales” se ofrece en la web por sólo 84.99 pesos, resaltando que “por su pequeño tamaño permite llevarlo cómodamente en su bolsillo o cartera teniéndolo a mano para cuando necesita usarlo”. También existen combos de “bastón, picana y gas pimienta” por 250 pesos, “linterna de 3 lets y picana de 2.500.000 volts por 180 pesos”, picanas «tipo celular» por la módica suma de 94.99 y simples “picanas básicas” por 75 pesos; todos productos ofrecidos para la “auto defensa, personal de seguridad y fuerzas de seguridad”, resaltando que un arma eléctrica de estas características es un “dispositivo legal no letal”.

“Si los comisarios saben o no quiénes en su seccional la tienen lo desconozco, pero existen, se compran y, en algunos casos, se usan. Si allanan una seccional difícilmente se encuentren, es un artefacto que el efectivo que la compró lleva consigo; es algo personal, no institucional”, reconoció el policía, señalando también que es más frecuente conocer suboficiales con estos elementos encima, que a oficiales.