La Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rafaela, Santa Fe, hizo lugar a las apelaciones presentadas por la Secretaría de Derechos Humanos, y los familiares de Silvia Suppo, y declaró la incompetencia de la justicia ordinaria para seguir entendiendo en la causa por el homicidio de Suppo.

Por la causa de Suppo, la justicia provincial detuvo a dos jóvenes que confesaron su participación en el hecho.

Sin embargo, desde un primer momento los organismos de derechos humanos plantearon la posibilidad de que la muerte hubiera sido por encargo, como represalia a la actuación que Suppo tenía en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia.

La posterior aparición de un testigo de identidad reservada reforzó esa hipótesis, y fue entonces que la Secretaría de Derechos Humanos se presentó como querellante y pidió el pase de las actuaciones a la justicia federal, lo que en una primera instancia fue rechazado por el juez penal de Rafaela.

Ahora, con el fallo de la Cámara, la causa pasará a la justicia federal, y la Secretaría actuará como querellante junto a los hijos de la víctima.

El 29 de marzo pasado fue asesinada en su negocio de Rafaela, Santa Fe, Silvia Suppo, testigo clave en la «Causa Brusa», que implica a policías como responsables de la desaparición en 1977 de Reynaldo Hattemer, quien fuera su novio. Los mismos hoy se encuentran en libertad.

La hipótesis oficial fue la de robo común. Silvia, quien militó en la Juventud Peronista, había señalado sentirse hostigada e intimidada desde el inicio de la «Causa Brusa». Pocos días después de su asesinato, iba a testificar en el proceso judicial que involucra, por la desaparición de alrededor de 45 personas, a varios policías que aún ejercen en Rafaela.