El magistrado tomó esas decisiones al cabo de una reunión en su despacho con autoridades de la ciudad y representantes de los vecinos involucrados en la ocupación de ese paseo público, el martes, que fue reprimida y derivó en la muerte a tiros de dos personas y varios heridos.

El magistrado, que ya había decretado anteriormente la medida de «no innovar», dispuso continuar el tratamiento del problema con las partes involucradas en una reunión que celebrará el viernes a las 10 en su despacho, a la que citó a Macri.

En tanto, ordenó instalar para los vecinos 40 baños químicos, proveer agua potable y comida, habilitar puestos sanitarios y dos ambulancias y realizar un censo.

Los representantes de la Ciudad en la reunión pidieron que no se permitiera que nuevos contingentes de personas sin casa engrosaran los grupos instalados en el parque.

La reunión se realizó entre las 22 y la medianoche del miércoles, y las decisiones fueron aplaudidas por delegaciones de los vecinos, que concurrieron hasta el despacho del juez Gallardo en Uruguay 483, a metros del Palacio de Tribunales.

Por su parte, la diputada Maria José Lubertino quien concurrió a la reunión afirmó que «el gobierno de la ciudad no planteó ninguna solución y se violaron los protocolos para desalojar a las personas en situación de calle e inclusive la jueza que dictó el desalojo lo violó».

En tanto, numerosas familias de la Villa 20 y de otros asentamientos permanecían precariamente anoche en el Parque Indoamericano, en el barrio de Villa Soldati, aún conmocionadas por el violento desalojo.

En la tarde del miércoles, organizaciones sociales, partidos políticos y personalidades criticaron fuertemente el desalojo al calificar «la represión instigada por el gobierno de Macri que preparó el terreno para este crimen con una larga serie de acciones violatorias de los derechos humanos».

También criticaron la subjecución de viviendas en el ámbito de la ciudad que alcanza «niveles récord que va del 20 al 0%», según denunció la legisladora María Elena Naddeo al precisar que en 2010 «se entregaron sólo 74 unidades habitacionales».

Habitantes de la Villa 20 y de los barrios Los Piletones y Fátima, entre otros, parcelaban las 50 hectáreas del predio, mientras levantaban precarias carpas.

A la reunión con el juez Gallardo asistieron diez personas de las desalojadas; los ministros porteños de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal, y de Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli.

También participaron los legisladores Gabriela Alegre, Rocío Sánchez Andía, María América González, María José Lubertino y Laura García Tuñón para tratar de encontrar una solución de fondo al conflicto.

El magistrado había dictado el «no innovar» ante una presentación del defensor general de la ciudad, Mario Kestelboim, con lo cual detuvo el desalojo ordenado el martes por la jueza porteña María Cristina Nazar.

Por la tarde, todas las partes se reunieron en la sede de la Unidad de Gestión e Integración Social (UGIS), en el barrio de Villa Soldati, a metros del predio en conflicto, pero no hubo acuerdo.

Diosnel Pérez, representante de la Villa 20, dijo que «acordamos quedarnos en el Parque hasta que se encuentre una solución. Mientras tanto estamos esperando que nos envíen carpas, comida, agua y baños químicos para las centenares de familias que necesitan una vivienda».

El desalojo causó la muerte de Bernardo Salgueiro, de 22 años, de nacionalidad paraguaya y de Rosemarie Cupeña, de 28 años, boliviana.

En tanto permanecen internadas dos niñas de 3 y 13 años, mientras otras nueve personas con diversas contusiones ya fueron dadas de alta.

Por los violentos incidentes fueron detenidas 12 personas acusadas de resistencia y atentado a la autoridad pero ya fueron liberados.

El vecino Oscar Aguirre afirmó a Télam que muchos habitantes que viven en la Villa 20 «decidieron ocupar los terrenos porque alquilan piezas de reducidas dimensiones en donde hay hasta diez personas conviviendo y luego de haber escuchado que iban a entregar títulos de propiedad a los habitantes de asentamientos», según anuncio Macri.

Aguirre destacó que la mayor violencia se vivió en la Villa 20 «donde la policía ingresó y disparó balas de goma y de plomo», mientras que otro grupo «fue reprimido dentro del Parque Indoamericano, donde falleció la mujer boliviana».

Pérez destacó que «la gente no va aceptar los subsidios, quiere una solución de fondo, ya que aceptar el dinero implica no poder reclamar. El gobierno porteño incumplió con la ley 1.770 que lo obligaba a construir 1.600 viviendas».

«Pero ni siquiera desalojó el cementerio de autos para poder edificar casas allí. La solución al problema para el gobierno de la ciudad es dar bala. No sabemos de donde salió la orden pero nos emboscaron».

Cristian Fernández, dirigente barrial de la Villa 20, contó  que «fue una represión brutal e innecesaria porque nosotros estábamos negociando que íbamos a salir pacíficamente si nos mostraban la orden de desalojo que decía que tenía la Policía».

«Ellos, desde arriba del puente nos tiraron una balacera por la que murió un compañero que estaba llegando a su casa, a una cuadra y media de la avenida Escalada» relato.